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Trabajadores y empresas piden derogar medida

La expropiación la ordenó el presidente Hugo Chávez en enero de 2011 | Foto Archivo El Nacional

La expropiación la ordenó el presidente Hugo Chávez en enero de 2011 | Foto Archivo El Nacional

 El Ministerio de Vivienda y Hábitat se reunió con los empleados y  acordaron crear mesas de trabajo  

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El trabajador Eduardo Fernández, que lleva 10 años en el centro de distribución de Cargill de Venezuela, cuyas instalaciones también fueron tomadas por el Ministerio de Vivienda y Hábitat, ve con preocupación su futuro laboral. “Le solicitamos al gobierno que levante la orden judicial de desalojo de los galpones de La Yaguara, pues más de 2.000 trabajadores y sus familias saldrán perjudicados con la medida”, sostuvo. 

Fernández forma parte de los 170 empleados del galpón. “No nos oponemos a la construcción de viviendas para el pueblo, pero existen otros terrenos en Caracas y en el interior del país donde el gobierno puede emprender sus planes residenciales sin dañar nuestra estabilidad laboral”.  Reiteró que el centro de distribución de alimentos de Cargill, con capacidad de almacenamiento de 2.000 toneladas, es el único que opera en la región capital y que de él dependen los clientes –sobre todo las grandes cadenas de supermercados– de Caracas, Miranda y el oriente del país.

Dijo que el cierre de la instalación acentuaría los problemas de escasez de rubros alimenticios como harina de trigo, pastas, aceite y salsas de tomate. Fernández expresó que la consigna de los trabajadores de Polar, Cargill, Nestlé (también afectada) y los otros galpones bajo ocupación es “Queremos trabajar”.

El director de Alimentos Polar, Manuel Larrazábal, informó que la empresa también pidió al gobierno reconsiderar la expropiación de las instalaciones, reseñó Efe. “¿Quedarían 19 municipios sin alimentos? La verdad es que tendríamos que evaluar otras opciones que no son fáciles, pero nosotros estamos absolutamente confiados en que va a privar la sensatez y por eso pedimos que se reconsidere la medida”.

Cuatro años después. Ayer en la mañana el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, visitó los galpones en La Yaguara y se reunió con los trabajadores. Santiago Flores y Reinaldo Urbina, empleados de Pepsi-Cola Venezuela, informaron que en el encuentro defendieron su derecho al trabajo y manifestaron que no están en desacuerdo con la construcción de viviendas, pero que lo ideal es que se hiciera en “espacios adecuados”.

Agregaron que en la reunión acordaron instalar una mesa de trabajo entre el despacho de Vivienda y Hábitat y las empresas afectadas, para tratar la situación de los trabajadores.

Luis Alfonso Herrera, investigador del Observatorio de la Propiedad de Cedice y profesor de Derecho Administrativo de la UCV, señaló que el miércoles se ejecutó una medida aprobada hace más de cuatro años.

La expropiación de esas instalaciones fue decretada a inicios de 2011 por orden del entonces presidente Hugo Chávez, mediante el decreto 8004, publicado en la Gaceta Oficial 39596, del 18 de enero de ese año.

Pese a que en el texto la disposición era calificada de urgente, cuatro años y medio después fue cuando se concretó. Esto, a juicio de Herrera, evidencia que la acción del miércoles fue arbitraria y con fines populistas.

El presidente Nicolás Maduro dio un plazo de 60 días para que las empresas afectadas desocupen las instalaciones.

La Cámara Venezolana de Franquicias expresó en un comunicado su preocupación por los efectos que la medida tendrá sobre los derechos de los ciudadanos al acceso de productos alimenticios, de los trabajadores a laborar, y el derecho a la propiedad privada de las compañías que operan en esos espacios.