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Trabajadores agroalimentarios se declaran en desobediencia

El representante de ganaderos y agricultores calificó la situación de insostenible |Foto: Unión Radio

Fedecámaras: sector agroalimentario privado necesita su personal para producir eficientemente

La Medida profundizará la escasez al limitar la producción en las industrias, dijo Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras

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Representantes de los sindicatos del sector agroalimentario se declararon en desobediencia y han convocado asambleas de trabajadores como reacción a la resolución 9855 que ordena a las empresas “facilitar” los empleados que se requieran para trabajar, con el argumento de fortalecer la agroindustria.

Jean Carlos Díaz, directivo del sindicato de trabajadores del maíz de Bolívar, informó que las organizaciones obreras se declararon en desobediencia contra la medida del Ejecutivo publicada en Gaceta Oficial el 22 del presente mes,  la cual obliga a las empresas suministrar sus trabajadores para que laboren durante 60 días, prorrogables, en  “aquellas entidades objetos de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción”.

El dirigente de Sintramaíz declaró que la Ley Orgánica del Trabajo dispone que “cualquier decisión aprobada por los trabajadores en asamblea debe ser acatada por los patronos y las autoridades del trabajo”. Calificó la resolución de “abuso” y cuestionó que no le hayan consultado a los trabajadores ni a sus representantes (los sindicatos).

Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, refirió que además de arbitraria, la medida profundizará la escasez de alimentos y productos porque despoja a las empresas del personal que necesitan para mantener eficientemente su operatividad.

Alertó acerca de la posibilidad de que la fuerza militar se lleve a los campesinos y operarios de las plantas  para la recuperación de otras instalaciones del sector agroalimentario expropiadas  “que el mismo gobierno llevó a la quiebra” afirmó. “Además de la apropiación de empresas, mercancía, producción y equipos, el sector privado es sometido ahora a la confiscación de su mano de obra calificada”, dijo.
 
“Yo, no me voy”. “No voy a dejar que me alejen de mi familia en un traslado de la fábrica donde trabajo con un buen contrato colectivo a otro sitio por el capricho del gobierno”, manifestó un operario de una procesadora de harina de maíz, que solicitó no citar su nombre.

Otro empleado de una factoría de alimentos, que también pidió no mencionar su identificación, sostuvo: “No me pueden obligar a dejar la planta donde tengo servicio médico y comedor a otro lugar sin un buen ambiente de trabajo”.