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Tarifas no cubren el pago del nuevo salario mínimo

Resultarán afectados 21.000 trabajadores y más de 1 millón de usuarios que dependen de la actividad

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Setecientos estacionamientos que funcionan en el área metropolitana de Caracas podrían reducir su oferta de puestos para aparcar vehículos y desmejorar su servicio, para destinar parte de su espacio a actividades más rentables, como autolavados, autoperiquitos o autodiagnóstico electrónico.

Tal medida podría concretarse ante la imposibilidad de afrontar el incremento de 30% en el salario mínimo que lo ubica en 9.648,16 bolívares a partir del 1° de noviembre, y de 233% en el ticket de alimentación que lo lleva a 6.750 bolívares.

El secretario de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos, Carlos Guzmán, dijo que las tarifas vigentes son deficitarias para asumir los costos y muchos estacionamientos han cerrado, mientras que otros comparten su espacio.

Alertó que la oferta podría reducirse aún más si la Superintendencia Nacional de Precios Justos no aprueba un aumento en las tarifas que les permita asumir el nuevo salario mínimo integral de los trabajadores que subió a 16.399 bolívares.

Antes de que el Ejecutivo decretara el incremento en el salario el pasado jueves, el subsector ya le había solicitado a la Sundde el ajuste a 60 bolívares en la primera hora a partir de noviembre, y a 80 bolívares en diciembre. Sin embargo, dicen que ahora se quedaron cortos.

Mientras, se declaran en emergencia ante la imposibilidad de cancelar a sus 21.000 trabajadores directos el nuevo aumento salarial. Advierten que 100.000 personas que dependen indirectamente de la actividad y más de 1 millón de usuarios estarían afectados.

Guzmán señaló que esto se le suma al alza sostenida de sus costos operativos: “Hemos visto elevarse sustancialmente el valor de las pólizas de seguro, el costo de los arrendamientos, material eléctrico, consumibles y equipos”, sin que se haya producido un ajuste en las tarifas.

Los representantes de Anpage realizarán un nuevo estudio de costos y solicitan una reunión urgente con el superintendente nacional de Precios Justos, César Ferrer Dupuy, a fin de plantearle la necesidad de convocar una mesa de trabajo.