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Solicitarán ante la CIDH suspensión de negociaciones en el Arco Minero

Así trabajan los mineros en Canaima | Foto Pisapasito

ONG denuncian impacto en los ecosistemas de los 112 kilómetros cuadrados que comprenden el Arco Minero | Foto Pisapasito

Provea, el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas y Laboratorio de Paz destacan que los acuerdos con empresas transnacionales no han tenido control parlamentario

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Hoy se llevará a cabo una audiencia sobre la minería a gran escala en Venezuela, como parte del 159 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene lugar en Panamá. Y en ese contexto, Provea, el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas y el Laboratorio de Paz solicitarán la suspensión de las negociaciones con empresas transnacionales, adelantadas por el gobierno para la exploración y explotación del Arco Minero del Orinoco.

En un documento dirigido al presidente de la CIDH, James Cavallaro, las tres ONG mencionan algunas de las empresas involucradas: Gold Reserve, Energold Minerals, Barrick Internacional Corporation y MPE Internacional, Inc (Canadá), Camc Engeerering, CO LTD y Yakuang Group (China), Afridiam (Congo), Guaniamo Mining Company (Estados Unidos) y Bedeschi (Italia).

Se recuerda que el presidente Nicolás Maduro ha anunciado la creación de 150 empresas mixtas con la participación de capitales provenientes de 35 países. “En ninguno de los casos en los que se han firmado cartas de compromisos, o en los que se han consolidado empresas mixtas y firmado contratos para la exploración y explotación existe información pública del contenido de los mismos”, destacan las ONG. Consideran que la opacidad es total, pues el gobierno ha prescindido del control parlamentario que debe existir sobre este tipo de contratos de interés público por mandato constitucional.

“La crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela ha servido como excusa al Estado para impulsar un proyecto extractivo minero de gigantescas dimensiones: 12,2% del territorio con la mayor diversidad biológica, reserva forestal y de agua dulce del país. Surge como una fuente de acceso rápido a divisas y, bajo la premisa de ‘poner orden’, atenta contra comunidades indígenas, el medioambiente, comunidades aledañas, el clima, el acceso al agua, y al equilibrio socio cultural del país”, insisten las ONG. 

Ambiente y etnias. En el documento, consignado ante la CIDH, se cita el informe elaborado por el Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela sobre el impacto en los ecosistemas de los 112 kilómetros cuadrados que comprenden el Arco Minero. Entre las consecuencias previsibles están las siguientes: 1) Pérdida importante de especies de flora y fauna únicas en el mundo; 2) Degradación progresiva de los bosques; 3) Aumento de los riesgos de propagación de la malaria, enfermedades respiratorias, dermatológicas y riesgos de cáncer, debido al contacto con agentes tóxicos y contaminantes como el cianuro.

Las ONG también denunciarán la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades y pueblos indígenas afectados por el Arco Minero, y solicitarán medidas de protección a su favor.