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Rechazan restricción de derecho a propiedad en inmuebles intervenidos

La defensa expuso los argumentos para anular una decisión que afecta a 6.000 familias de El Encantado y cerca de 54 urbanismos en el país

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La garantía al derecho de la propiedad privada fue el argumento central del abogado Félix Freites Cova, representante de la ONG Foro de Producción Nacional, quien intentó ayer una acción de nulidad contra la Resolución 061, que restringe el derecho a disponer de sus inmuebles a los propietarios de 54 urbanismos intervenidos por el gobierno, entre ellos a 6.000 familias de El Encantado.

Ayer se celebró la audiencia de juicio en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Freites Cova informó que en 30 días hábiles debería dictaminarse una decisión al respecto. “Queremos que se regule el precio justo de la vivienda, pero a través de leyes que incorporen todos los inmuebles y dentro de un mercado equilibrado, y que no se nos restrinja el derecho a la propiedad privada a través de una resolución”.

El abogado aseguró que la Resolución 061, elaborada por el Ministerio de Vivienda y Hábitat, afecta 54 urbanismos en todo el país y por lo menos a 6.000 familias residentes del urbanismo El Encantado, en el municipio El Hatillo.

“En la audiencia nos fue muy bien. Fue fructífera. Explicamos que la resolución viola el artículo 115 de la Constitución, pues el ministro no tiene derecho a restringir la propiedad privada. La intervención del ministerio fue pobre. La defensa no habló ni un minuto, pues no tenía argumentos”, dijo Freites Cova.  

Recordó que entre los años 2010 y 2012 el gobierno intervino algunos urbanismos porque algunas constructoras no entregaban los inmuebles a tiempo. “Para aquél entonces se crearon las juntas de administración, pero en 2013 se dictó una resolución que puso las mismas condiciones a los inmuebles expropiados y a los intervenidos”, expresó Freites Cova.

El abogado afirmó que una de las más graves consecuencias de la resolución es que los propietarios no pueden vender sino solo al Estado y a un precio fuera de mercado.

La defensa espera que el TSJ respete el principio que determina que la propiedad privada es materia de reserva legal y por ende no puede ser modificada a través de resoluciones, sino de leyes.