• Caracas (Venezuela)

Economía

Al instante

Rechazan instalación de captahuellas en comercios

El presidente de la Cámara de Comercio  de Valencia considera que la medida contraviene los artículos 112 y 117 de la Constitución 

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Gustavo Sosa Izaguirre, rechazó la instalación de 20.000 captahuellas para regular la compra de artículos de primera necesidad, tal como fue anunciado por el gobierno nacional.

Dijo que la instalación obligatoria de los dispositivos en los establecimientos comerciales contraviene los artículos 112 y 117 de la Constitución, que establecen la libertad de comercio y la de selección de la calidad y cantidad de productos, respectivamente.

A su parecer, el gobierno busca con este sistema de captahuellas  responsabilizar a los consumidores de los problemas de escasez y desabastecimiento en Venezuela. 

“Si se trata de  compras nerviosas, estas son el resultado directo de  que la gente no sabe si cuando vuelvan a salir  van a conseguirlos otra vez.  Si los anaqueles estuvieran totalmente llenos, abastecidos de muchas marcas, no existiera la figura del bachaqueo”, dijo.

Recalcó que estos dispositivos disminuirán la calidad en la atención a los consumidores, pues el proceso de facturación será engorroso y encarecerá la estructura de costos de las empresas. 

Sosa Izaguirre puntualizó que no existe la denominada guerra económica. “Lo que existe es un estado de guerra, que es otra cosa completamente distinta”, aseguró.

Reforma a Ley de Aduanas. Cipriana Ramos, presidente de la Comisión de Aduanas del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, indicó que solicitaron a la Asamblea Nacional que se dé una extensión de la vacatio legis  de la aplicación de la reforma de la Ley Orgánica de Aduana que fue aprobada el 19 de noviembre, pero que ellos la conocieron en diciembre.

“Si se aplicaran las sanciones establecidas en la ley, actualmente 95% de los auxiliares de administración aduanera estuvieran suspendidos o revocados, porque con 2 sanciones te suspenden por 90 o 180 días y con 3 te revocan por 5 años”, detalló. 

Calificó la norma de punitiva, discrecional, excesiva, inconsulta y confiscatoria. Precisó que esta medida puede generar despidos masivos y la pérdida de numerosos empleos en empresas de  Puerto Cabello y La Guaira.

Eduardo Quintana, presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira, dijo que esta situación podría  significar el despido de  12.000 trabajadores en La Guaira y entre 15.000 y 20.000 en Puerto Cabello, que dependen directa e indirectamente de este sector portuario.