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Rafael Guzmán: “Sin una reforma de la carta magna el Estado comunal no es un poder constituido”

Rafael Guzmán | Foto: Samuel Hurtado

Rafael Guzmán | Foto: Samuel Hurtado

El diputado de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional dice que mientras los alimentos se pudren en los puertos, el país ingresa al Mercosur. También critica el hecho de que la Contraloría General de la República se haya dejado imponer un ministerio de seguimiento que usurpa sus funciones 

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El diputado Rafael Guzmán, de Primero Justicia, se baja de una moto, toma un sorbo de café y con el proyecto de ley de presupuesto 2013 en mano constata cifras. “Las cosas hay que decirlas claramente. Aquí hay un presupuesto que es deficitario y que no atiende las necesidades del país, y obviamente no contará con mi voto”.
Asegura que hay manipulación por parte del Gobierno para hacer caer en un juego perverso a la oposición en la Asamblea Nacional. “Cuando llega un crédito para un pago de aguinaldos de trabajadores uno como diputado no se puede negar a aprobarlo, aun cuando se es consciente de que esto viola la Constitución, la cual dice que estos gastos se deben cubrir con ingresos ordinarios que deben estar indicados en la ley de presupuesto”.
Se define como un férreo defensor de la descentralización, y afirma que el Ejecutivo se vale del concepto de desconcentración, establecido en la Constitución, para manipular a los venezolanos e instaurar reformas que fueron rechazadas en el año 2007. En su opinión, las leyes del poder popular buscan la concentración absoluta de “los recursos que son de la gente en manos de un Presidente que pretende ser todopoderoso”.

—Pareciera que la Comisión de Finanzas está sólo para aprobar créditos adicionales. ¿Es así?
—Sí, lamentablemente. Hasta ahora no ha habido un solo texto que no tenga que ver con ingresos y gastos del Estado. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo para ver si se discute la ley antimonopolio, y no ha sido posible. Hay una mora con la ley de hacienda pública estadal, pero esto no es prioridad para los oficialistas. Al final, lo que existe es una lucha de dos proyectos políticos: uno que está con la Constitución y otro que nos quieren imponer vía fáctica.

—¿La oposición tiene la fuerza en la Comisión para servir de contención ante las decisiones del Ejecutivo en materia económica?
—No la tenemos y hay que ser claros en esto. Lo que tenemos es la voz parlamentaria; no tenemos los votos para cambiar una decisión política, pero tratamos de que se entiendan nuestros planteamientos. En la Comisión tratamos de llamar a la sindéresis, pero no logramos que se imponga. Allí lo que hacen los diputados oficialistas es obedecer la orden presidencial y no precisamente la voluntad popular.

—¿Está diseñada la estructura del presupuesto 2013 para impulsar el Estado comunal?
—Al Ministerio de las Comunas se le asignó un presupuesto de 3,3 millardos de bolívares más 5,6 millardos por fondo de compensación interterritorial. ¡Ojo! Eso es en el presupuesto, pero no sabemos cuánto recibirá por recursos extrapresupuestarios. Si el Presidente decide con su chequera darle recursos del Fonden a ese mal llamado poder popular, así se hará y esa es la gran crítica al sistema de las comunas. Yo no estoy en contra de cualquier organización de base desde las asociaciones de vecinos hasta un consejo comunal, en lo que difiero es en que no hay reglas claras ni transparencia para todas estas instancias de asociación. Lo que más rabia le da a la gente es hacer una cola para que le den unos reales, y al final quedan dependientes de una venia presidencial para que le solucionen los problemas. Mientras sigan estos mecanismos de asignación de recursos no habrá eficiencia.

—Pero para eso ahora está el Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
—Eso es algo que no se entiende, pues para eso está la Contraloría General de la República. A mí me da mucha pena que la Contraloría haya permitido la creación de ese ministerio. ¿Cómo quedan ahora las contralorías municipales y estadales y los organismos de control interno? Ahora sólo está la ministra Carmen Meléndez, que puede ser muy honorable, pero ¿y la separación de poderes dónde queda?

—El Gobierno ejecuta el gasto a través de recursos de los fondos extrapresupuestarios ¿Tiene idea de cuánto dinero se maneja allí?
—Han manejado más de 100 millardos de dólares y esa es la única cifra que conocemos. Cuánto hay en las cajas de esos fondos actualmente lo desconocemos porque no hay contraloría. Cuando se presenta un presupuesto 40% por debajo de lo que se debe gastar en 2013 te das cuentas de que el país depende de la discrecionalidad del Presidente, y allí vale la pena decir que el Gobierno se ha convertido en un gran muro de Berlín entre los recursos de los venezolanos y la solución de sus problemas.

—¿Cuál es el mayor problema económico que afronta el país en este momento?
—La producción. 70% de lo que comemos es importado. Se le abrió el camino a una economía de puertos que para colmo no funcionan y los barcos deben desviarse a otros países. No podemos evitar que la comida se pudra en los puertos, pero ingresamos al Mercosur. Aquí el Ejecutivo se jacta diciendo que aumentó el PIB, pero en realidad eso solo es consecuencia de los altos precios del petróleo y del incremento del gasto público. Vamos a quitarnos la careta: El Gobierno quiere este capitalismo de Estado y le miente a la gente diciéndole que hay más producción.

—El Gobierno ha logrado disminuir la inflación que podría llegar a 18% al cierre de 2012. ¿Es un logro o no?
—Eso es una inflación altísima. Sigue estando entre las mayores del mundo. Tengo que decir que esa metodología del BCV es extraña; aquí a pesar de los aumentos de salario, el dinero no alcanza. Lo que ha habido es un repunte del consumo, la gente sale corriendo a comprar bienes porque sabe que en unos días estarán más caros.

—¿Cree que el Estado comunal logrará imponerse al Estado descentralizado?
—No, el Estado comunal no es un poder constituido y no veo forma de que se le quite competencia a los estados y municipios sin una reforma de la carta magna. Ahora, que el pueblo se organice, exija y se constituya en empresas de propiedad social y que las gobernaciones, alcaldías y el poder nacional contraten con ellos es otra cosa, pues eso está en la Constitución. El Gobierno confunde desconcentración con resolver sus problemas políticos.

—¿Pdvsa dominó la autonomía del Banco Central?
—La dominó el presidente Chávez.

—¿Quién es más poderoso Rafael Ramírez o Jorge Giordani?
—Yo quisiera que ninguno fuera poderoso sino que respetaran su investidura y solucionaran los problemas de la gente como servidores públicos. Ellos tienen más poder en la medida en que jalan más al Presidente.
 
Los recursos como camisa de fuerza

La prioridad son los estados oficialistas
 
El Gobierno asignó a educación 50% de recursos adicionales a lo presupuestado en 2012. En contraste, al situado constitucional que va a las regiones sólo se aportó 7% más, es decir, 4 millardos de bolívares a los 47 millardos de bolívares que previamente habían sido aprobados, señala el diputado Rafael Guzmán.
“Las regiones se han visto atacadas y no desde ahora sino desde hace 14 años cuando el Presidente dijo que la descentralización no servía. Pero la realidad es que la descentralización está para acercarse a los problemas de la gente y brindarles solución”.
Guzmán destaca que actualmente sólo se atienden los estados que al Gobierno le interesan y muestra de ello es que hace 2 semanas la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional de 90 millones de bolívares para desarrollar proyectos de consejos comunales en Lara “¿Pero por qué sólo a ese estado y no al resto? La respuesta está en que el candidato del Gobierno para esa región maneja la Corporación de Lara, lo que indica que el dinero no es para la gobernación ni para las alcaldías.
Los recursos no se utilizan para revolver los problemas de los venezolanos sino para atender situaciones políticas”. Añade que una situación similar sucedió en el estado Miranda. La Asamblea aprobó 50 millones de bolívares para asfaltar las vías de un solo municipio del estado, específicamente en los Valles del Tuy. “Uno se pregunta por qué no le dieron el dinero al alcalde Tomás Lander sino que se lo asignaron a la Vicepresidencia de la República para que a través de Propatria 2000 se ejecuten los recursos. La respuesta es obvia”.
 
El Perfil
Rafael Guzmán es abogado con maestría en Derecho Económico en la Universidad Católica Andrés Bello. Fue procurador de la Gobernación de Miranda y consultor jurídico de la Alcaldía de Baruta. Inició su carrera profesional ejerciendo derecho tributario en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Actualmente es diputado ante la Asamblea Nacional por el estado Miranda.