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Propietarios solicitaron prorrogar lapso para retirar consignaciones

El Banavih y la Superintendencia Nacional de Vivienda se disputarán el manejo de los depósitos que no pudieron ser reclamados

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En la sede del Tribunal Supremo de Justicia ayer se apersonaron 65 propietarios para solicitar un derecho administrativo previo para suspender o prorrogar el lapso para el retiro de las consignaciones arrendaticias, que vence el 11 de noviembre. El dinero está depositado en el tribunal de consignación, el cual se encuentra cerrado desde el mes de abril.

Teresa Borges, abogada y representante de los arrendadores, declaró que si estos recursos no son entregados pasarán a formar parte del Fondo de Protección al Inquilino y al Pequeño Arrendador, que, en principio, será administrado por el Banavih.

“Mis clientes quieren que les entreguen el dinero y que no pase al fondo de la Superintendencia”, expresó. Muchos de ellos no habían podido retirarlo antes de abril, bien sea por desconocimiento o porque se encontraban en medio de un procedimiento jurisdiccional.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, indicó que el fondo se creará para garantizar el pago del alquiler a los arrendadores, en caso de que los inquilinos no puedan cancelarlo. “Es ilógico que se le quite dinero a unos para pagar cuentas de otros”, agregó.
Los recursos represados en el tribunal de consignación llegan a 70 millones de bolívares. María Elena Navarro, presidente de la Red de Propietarios, dijo que a finales de esta semana la Superintendencia Nacional de Vivienda se reuniría con directivos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat para acordar la administración del fondo.

Martini Pietri señaló que independientemente de cuál sea el organismo que administre los recursos, lo grave es que se trata de un dinero confiscado perteneciente a un grupo de venezolanos que no pudo retirarlo por causas ajenas a su voluntad.

Por definir

A los propietarios les preocupa el cálculo del valor de reposición de los inmuebles, que se expresa en metro cuadrado y representa los costos que acarrearía construir un inmueble. Este monto aún no se ha definido, por lo cual los arrendadores no han podido ajustar el pago del canon en los términos establecidos en el artículo 68 de la Ley.

La modificación del pago del alquiler debió hacerse también en un plazo de un año, de acuerdo con la disposición novena. El ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, informó el fin de semana que instaló mesas de trabajo en su despacho para definir el valor de reposición.

El Dato

El 12 de noviembre cumple un año la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.