• Caracas (Venezuela)

Economía

Al instante

Propietarias se encadenaron a Sunavi para exigir la devolución de inmuebles

Marisa Fariña y Yoleima Medara Moreno esperan respuesta a sus casos / Antonio Rodríguez

Marisa Fariña y Yoleima Medara Moreno esperan respuesta a sus casos / Antonio Rodríguez

Ley de Arrendamientos aumentó conflictividad entre arrendadores y arrendatarios y el déficit de viviendas. Las medidas de desalojo están prohibidas por el Gobierno

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Marisa Fariña, afectada por la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas y coordinadora del Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler, se encadenó ayer en la sede de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos en Las Mercedes, para exigir celeridad en los procesos en los que han sido perjudicados miles de propietarios por sus inquilinos, que se niegan a devolverles los inmuebles. Fariña no ha podido recuperar su casa en la Calle Real de Catia.

Yoleima Medara Moreno, también se encadenó. Es dueña de una casa en la Candelaria y lleva más de cinco años pidiéndole a su inquilino que le devuelva la propiedad porque la requiere para vivir con sus tres nietas, a quienes está criando.

Varios afectados por esta ley compartieron sus experiencias en el encuentro realizado por la Asociación de Propietarios de Inmuebles para presentar una evaluación a un año de promulgada la ley. Celia Hernández, ama de casa de 53 años de edad y madre de 2 hijos con retardo mental, decidió hace 3 años alquilar parte de su casa en Charallave para completar sus ingresos y poder costear los medicamentos de sus hijos.

El inquilino sólo le pagó los primeros 6 meses  y desde hace 2 años y medio vive gratis. “Lo demandé pero no lo he podido sacar porque están prohibido los desalojos. He acudido a la Superintendencia varias veces, pero siempre me dicen que no hay defensores para atender casos en Charallave y yo, mientras, sin dinero y sin poder pagar el tratamiento de mis hijos enfermos”.

Neil Contreras, de 42 años, construyó 4 anexos en su casa situada en Los Rosales y tras vencerse el contrato de los inquilinos, trató de negociar con ellos su salida de la vivienda, pero no aceptaron alegando que la nueva ley los amparaba. “Hace un año y cuatro meses consigné documentos y recaudos ante la Sunavi para solicitar la desocupación, pero pasó el tiempo y la respuesta que obtuve fue que los habían extraviado y que debería volverlos a llevar. La vivienda se ha  dañado con las lluvias y podría caerse, he llevado a los bomberos y a Protección Civil para que la inspeccionen y certifiquen que está en riesgo y hay que proceder a desalojarla para poder remodelarla, pero ni así he podido sacarlos”, afirmó.

Raúl Delgado, de 42 años, alquiló su casa en Charallave hace 6 años en 900 bolívares la mensualidad. “Yo me divorcié y necesito mi inmueble para vivir porque no tengo a donde ir. El inquilino me dice que no me devolverá mi casa porque Chávez se la regaló. La Sunavi no hace nada, es definitivamente un atropello”.

Nubia Durán tampoco la ha tenido fácil. Heredó de sus padres una casa en Catia que ya estaba alquilada. Uno de los inquilinos les dejó a su cónyuge y a sus 3 hijas el inmueble y desde hace 8 años no le pagan. “Me agredió físicamente. La denuncié en la Fiscalía y la Sunavi, pero los procesos administrativos son muy largos. La ley está enfrentando a pobres contra pobres. Los pequeños arrendadores somos los más afectados”.

Pliego de solicitudes. Ayer se cumplió un año de la promulgación de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, sobre la cual Apiur hace una evaluación negativa. Roberto Orta, su presidente, señaló que entregaron en la Superintendencia un documento con los resultados. “No se ha hecho ninguna regulación de alquileres y ningún contrato ha sido revisado. No se renovó el congelamiento de alquileres, pero tampoco se liberó. Los propietarios prefieren vender antes que alquilar. Aumentaron los conflictos entre propietarios e inquilinos.Incrementó el déficit de viviendas y los pequeños propietarios han quedado severamente perjudicados.

El Dato
70 millones de bolívares en alquileres consignados en los tribunales a escala nacional y que los arrendadores no han podido retirar porque los tribunales están cerrados desde el 15 de abril, pasaron ayer a manos del Estado, dijo Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.

Los arrendatarios que pagaban sus alquileres en tribunales de consignación, deberán hacerlo a través del Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea.