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Procedimientos violan derecho a la defensa

Luis Alfonso Herrera, profesor de la UCV e investigador de Cedice, señala que se ha transgredido la propiedad privada  

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Las medidas aplicadas contra el sector comercial como las rebajas de precios, además de acusar a dueños y gerentes de delitos de usura, especulación, de ilícitos cambiarios, legitimación de capital y disponer de sus bienes, se han hecho sin el debido proceso y la garantía del Estado de Derecho, afirmó Luis Alfonso Herrera, profesor e investigador de Cedice.

Dijo que acciones como la baja de precios, entre otras, por decisión del presidente Nicolás Maduro en cadena y la orden de vender toda la mercancía violaron los procedimientos establecidos en la propia legislación en la que se apoyan, como la ley del Indepabis, pues impusieron las medidas y sanciones en el mismo acto de la inspección, presumiendo la culpa del empresario, lo que viola el derecho a la defensa.

“Fueron condenados en cadena nacional, por lo que se violaron sus derechos constitucionales a la defensa, presunción de inocencia, debido procedimiento administrativo y tutela judicial efectiva”, reiteró, y agregó que se ha transgredido la propiedad privada.

Sostuvo que solo podrían ponerse en vigencia normativas como la fijación de precios y la intervención en toda la cadena de distribución, además de sanciones desproporcionadas, si antes se dicta un Decreto de Estado de Excepción, según el artículo 338 de la Constitución, por emergencia económica, como el que estuvo vigente desde el gobierno de Rómulo Betancourt hasta el de Jaime Lusinchi, “y que permitió que se dictaran medidas irracionales en términos económicos como las actuales”.

Señaló que debió abrirse en cada caso un procedimiento, sustanciar un expediente y consignar todas las pruebas sobre los presuntos ilícitos cambiarios. “Se ha presumido de irregularidades, porque el gobierno así lo asume, pero sin pruebas”, precisó.