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Pdvsa pagó $ 650.000 para hacer lobby en EE UU este año

Citgo canceló 450.000 dólares a las empresas Squire Patton Boggs y Cornerstone Government Affairs en honorarios por servicios | Foto Archivo El Nacional

Citgo canceló 450.000 dólares a las empresas Squire Patton Boggs y Cornerstone Government Affairs en honorarios por servicios | Foto Archivo El Nacional

El despacho de la senadora demócrata Mary Landrieu confirmó que “se trabajó para proteger los intereses de Citgo”

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Petróleos de Venezuela ha cancelado 650.000 dólares para hacer lobby en Estados Unidos en lo que va de año: 62,5% más de lo que pagó en 2013, según datos oficiales publicados por The Center for Responsive Politics. La segunda cifra más alta que ha pagado la empresa fue en  2009, cuando canceló 500.000 dólares.

Ayer se dio a conocer que Citgo logró eludir las sanciones por violación de los derechos humanos, propuestas en el Senado de Estados Unidos por un grupo parlamentarios liderado por el republicano Marco Rubio, luego de que la presidente de la Comisión de Energía y Recursos Naturales, la demócrata Mary Landrieu, manifestó su desacuerdo con la medida.

El diario estadounidense Politico reportó una serie de correos electrónicos que confirman la decisión de la senadora, cuyos argumentos señalan que las sanciones podrían afectar las importaciones de crudo de la refinería y se perderían puestos de trabajo en la subsidiaria de Pdvsa, que está ubicada en Lake Charles, Luisiana, estado del que la senadora es representante.

El portavoz del despacho de Landrieu, Matthew Lerner, ratificó que la legisladora se mostró contraria a las sanciones: “Trabajamos apoyando a Citgo”, aseguró Lerner. “Se buscó proteger los intereses de la compañía” y que se le diera a Citgo un “segundo nivel de protección” para que las sanciones no la afectaran, indicó la publicación.

Otro correo electrónico, citado por el periódico, fue enviado por Elizabeth Craddock, directora del despacho de Landrie, a un colega del partido demócrata perteneciente al Comité de Relaciones Internacionales. En este se señala: “Tenemos una refinería en Luisiana que compra crudo a Venezuela. El temor es que las sanciones prohíban futuros envíos de petróleo, por lo que un cierre en la planta resultaría en la pérdida de un gran número de empleos. Como esto podría suceder de llegar a darse el caso, mi jefa no está dispuesta a apoyar las sanción”.

Se supo que Citgo no respondió a ninguno de los requerimientos de información realizados por el diario Politico, en los que se preguntaba si actuaba en nombre del gobierno venezolano o de los intereses corporativos de la empresa.

La información destaca que Citgo no tiene oficina que se encargue de esa materia en Washington, por lo que contrató dos firmas en mayo de 2014 -mes en que fueron propuestas las sanciones en el Senado- llamadas Squire Patton Boggs y Cornerstone Government Affaire, a las que canceló 450.000 dólares en honorarios por servicio en el segundo trimestre de 2014. También pagó otros 100.000 dólares a Garyling con sede en la capital estadounidense.

La venta
La agencia ArgusMedia afirmó hace unos días que Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, había recibido ofertas de adquisición de Goldman Sachs, JP Morgan y Deutsche Bank, tres bancos que actúan como intermediarios en transacciones financieras. La información había sido reiterada por un funcionario que prefirió no dar su nombre.

Las firmas internacionales señalaron que el valor de las tres refinerías, Lake Charles en Luisiana, Corpus Christi en Texas y Lemont en Illinois, está entre 10 millardos y 15 millardos de dólares.

El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, ratificó la información. Sin embargo, aseguró que el valor del complejo refinador era mayor. Al preguntársele por qué lo vendían,  respondió: “No somos una compañía de refinería, somos una compañía productora de petróleo”.

BBC Mundo informó que uno de los principales inconvenientes que debe sortear Citgo es pasar por encima de Exxon Mobile y Conoco Phillips, que podrían evitar en los tribunales una venta que perjudique su aspiración de poder cobrar, en caso de que se produzca un fallo a su favor en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial.