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Fiscalía citará a los encargados de todas las tiendas inspeccionadas

Luisa Ortega Díaz  aseguró que en los próximos días dará a conocer la decisión | Foto: José Pacheco / El Nacional

Luisa Ortega Díaz | José Pacheco / El Nacional

El Ministerio Público confirmó que al menos cinco gerentes de tiendas de electrodomésticos han sido detenidos y serán procesados "presunta usura en el remarcaje de precios”

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La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este domingo que su despacho citará a todos los dueños y representantes de las tiendas de electrodomésticos que han sido inspeccionadas desde el pasado viernes por la Sundecop, el Seniat y el Indepabis.

"El Ministerio Público está atento para evitar situaciones violentas, y hemos citado para este lunes al Ministerio Público, a las oficinas de los fiscales que dirigen las investigaciones, a los representantes de la tiendas visitadas", dijo Ortega Díaz.

Asimismo, en una nota de prensa del Ministero Público se confirmó que al menos cinco gerentes de tiendas de electrodomésticos han sido detenidos y serán procesados "presunta usura en el remarcaje de precios”.

El texto detalla que serán acusados los gerentes de la tienda JVG de Caracas, dos directivos de la cadena Daka en Falcón y otros dos encargados de la empresa Krash. Dos gerentes de las tiendas Daka en Caracas ya habían sido detenidos el pasado viernes por las autoridades, que también los acusan de elevar precios.

La fiscal aclaró que la citación de todos los gerentes y encargados de las tiendas inspeccionadas busca verificar la legalidad del origen de la mercancía, los precios y las actas constitutivas dispuestas en cada uno de los comercios, "documentos de vital importancia para la investigación" en medio del operativo oficial contra la especulación.

"En estos operativos se participa con la intención de defender la defensa de la economía, pero siempre garantizando los derechos constitucionales", agregó Ortega Díaz.

Asímismo, declaró que los fiscales no están presente solamente para ejercer la persecución penal, sino también para garantizar que se disponga una correcta aplicación de los procesos administrativos que se correspondan a cada caso, respetando siempre el derecho a la defensa.