• Caracas (Venezuela)

Economía

Al instante

Mora de la Asamblea impide a Gobernaciones generar ingresos

El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino / Nelson Castro/El Nacional

El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino / Nelson Castro/El Nacional

La ley de hacienda pública estadal, que permitía el cobro directo de tributos, debió aprobarse en 2001

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Las gobernaciones mantienen o estrenan nuevos mandatarios sin la posibilidad de generar sus propios recursos como lo establece la Constitución de 1999.

De acuerdo con el texto, las regiones tienen competencias tributarias que le serían otorgadas mediante ley de hacienda pública estadal.

El artículo 167 de la carta magna consagra que entre los ingresos de esas entidades se encuentran los impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les asigne por ley nacional. En la cuarta disposición transitoria se dispuso que durante el primer año de la Asamblea Nacional electa en los comisiones de julio de 2000 debía aprobarse una legislación referida a los tributos, que estaría bajo la competencia regional.

Ese lapso implicaba que al menos para el cierre de 2001 debía contarse con una ley de hacienda pública estadal. Los dos proyectos que se elaboraron salieron de las filas del oficialismo: uno fue impulsado por presidente del Parlamento Latinoamericano Rodrigo Cabezas, quien para ese momento era vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional; y el otro fue elaborado por la Oficina de Asesoría Económica Financiera también de la AN con el aval de un grupo de parlamentarios del extinto Movimiento Quinta República, que posteriormente dio origen al actual Partido Socialista Unido de Venezuela.

Los cálculos hechos por esa dependencia del parlamento indicaban que las regiones recaudarían anualmente entre 2,5 billones y 3,7 billones de los antiguos bolívares, lo que al tipo de cambio de la época arrojaba una cifra que entre 3,5 millardos y 5,1 millardos de dólares al año, dependiendo de la eficiencia que tuvieran las gobernaciones en la recaudación.

Entre los cobros que se delegaban a las gobernaciones estaba hasta 5% del impuesto al valor agregado, una tasa no mayor de 4% del impuesto sobre la renta, pero bajo la condición que el Gobierno redujera su alícuota del ISLR de 34% a 30%. También se les transfería el tributo al consumo de hidrocarburos, como el de la gasolina, además de timbres fiscales y cobro de peajes en vialidad.

El federalismo. En la propuesta que elaboró el diputado Cabezas, con un grupo de economistas de la Universidad del Zulia, se le otorgaba a los estados la posibilidad de contratar endeudamiento. Sin embargo, era sólo en bolívares y nunca en divisas porque eso quedaba bajo la competencia del Ejecutivo nacional.

"Me parece una buena noticia para las regiones y para la descentralización. Estamos dando un paso en materia de federalismo y es importante para el país, porque así lo establece la Constitución Nacional", dijo Cabezas al momento que se aprobó esta ley en primera discusión.

El debate debía abordarse en la Comisión de Finanzas del Parlamento, no obstante, surgieron obstáculos principalmente por parte del Gobierno y en específico del Ministerio de Planificación a cargo del ministro Jorge Giordani.

En el marco de la discusión del proyecto de presupuesto público para 2002 el tema sobre la ley de hacienda pública estadal no fue pasada por alto, pero las críticas no fueron hechas directamente por Giordani sino por uno de sus más cercanos colaboradores.

"La hacienda pública estadal es objeto de grandes discusiones en América Latina porque la experiencia en Colombia y Argentina nos dice que la disciplina fiscal puede verse afectada si no hay control", advirtió el entonces viceministro de Planificación, Gilberto Buenaño. "Es posible que el excesivo endeudamiento o el poco control sobre la deuda pública o los tributos locales afecte el equilibrio del país", añadió.

Los técnicos del despacho a cargo del ministro Jorge Giordani también cuestionaban que las gobernaciones utilizarán el dinero que recaudaran para proyectos que estaban dentro de los objetivos del Ejecutivo nacional en el marco del Plan de Desarrollo Económico.

La descentralización desconcentrada
Las críticas al proceso de descentralización y al hecho de que las gobernaciones tuvieran autonomía fueron hechas por el ministro de Planificacíon y Finanzas, Jorge Giordani, desde principios del gobierno del presidente Hugo Chávez en 1999 cuando en el extinto Congreso de la República se discutía la primera Ley Habilitante que se le otorgó al mandatario.

En una interpelación en la Comisíón de Finanzas a principios de ese año, el ministro Giordani habló de un término que generó suspicacias: "Descentralización desconcentrada". En esa oportunidad, fue el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, para ese momento presidente de la Cámara de Diputados, quien le pidió al ministro que definiera ese concepto.

El funcionario aclaró que la expresión desconcentrada tenía que ver con el intento de impulsar otros ejes de desarrollo en el país para reducir la concentración de población en los estados norte costeros. También advirtió que los gobernadores emprendían programas al margen de las directrices del Gobierno central o del Plan de la Nación.