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Mayoría oficialista sancionó ley que regula compra y venta de vehículos

Sesión en la Asamblea Nacional / José Pacheco

Sesión en la Asamblea Nacional / José Pacheco

Elvis Amoroso dijo que se tiene perfectamente tipificado todo el modus operandi que se ha utilizado para estafar con los precios

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Luego de darse lectura final al texto, la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional aprobó la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Automotores Terrestres, Nuevos y Usados Nacionales o Importados. "Se declara sancionada", anunció Darío Vivas, primer vicepresidente del Parlamento.

Aseguró que el instrumento jurídico, que consta de 38 artículos, "enfrenta la especulación, el acaparamiento y la usura hacia la familia venezolana, que con mucho esfuerzo quería comprarse un vehículo y se encontraba con que prácticamente la atracaban".

Elvis Amoroso señaló que la ley no tiene nada que ver con una devaluación porque las mafias han aumentado los precios de los vehículos hasta siete veces este año.

"Tenemos perfectamente tipificado todo el modus operandi que estos señores han utilizado para estafar al pueblo de Venezuela con los precios de los vehículos", dijo Amoroso, al tiempo de precisar: "No se trata de que no hay vehículos, sino que la gente va a un concesionario y le dicen que no hay; pero cuando se van retirando le dan una tarjetica y le dicen que vayan al frente.

Allí encuentran el mismo vehículo Aveo".

La normativa legal será enviada al Ejecutivo nacional para su promulgación.

Objeción. El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, objetó la ley, que consideró "un peligro para el usuario".

"La ley ordena publicar las listas de esperas y la emisión de listas de compradores al Indepabis, lo que viola el artículo 60 de la Constitución": "Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos".

Aseguró que aunque la lista sea codificada, está a disposición de empleados públicos: "Es muy abstracto. Cualquiera dirá que es del poder público y tendrá acceso a los datos, lo que hace vulnerables a las personas compradoras".