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Listas de Cadivi, Cencoex y Fiscalía dificultan hacer contraloría social

Piden datos abiertos para prevenir la corrupción administrativa | Fotocomposición El Nacional Web

Piden datos abiertos para prevenir la corrupción administrativa | Fotocomposición El Nacional Web

Los documentos con los nombres de empresas que recibieron dólares preferenciales o que están bajo investigación presentan vacíos e imprecisiones. En otros países como Ecuador, Brasil y México la información sobre importadoras es más completa

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Más de 180 millardos de dólares para 10.374 compañías. La extinta Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, apenas dio pistas sobre las empresas a las que aprobó ese presupuesto multimillonario entre 2004 y 2012. La herramienta principal que puso a disposición de los ciudadanos fue una lista en la que solo figuraban los nombres y los RIF –Registros de Información Fiscal– de las firmas. En pleno siglo XXI, la institución nunca instaló en línea una plataforma que permitiera consultar, por ejemplo, los códigos  arancelarios de los productos para los que cada sociedad mercantil solicitaba divisas preferenciales, los países desde los cuales las empresas importaban bienes o siquiera los domicilios y números de contacto de las personas jurídicas solicitantes. Lo único que colgaron en su sitio web para los interesados en la contraloría social fue un archivo tipo PDF, que por sus características dificulta el procesamiento de la información.

La opacidad contrasta con el acceso a la información del cual gozan otros ciudadanos de América Latina. Con unos cuantos clics se puede acceder a datos específicos en portales como el del Banco Central de Ecuador. Por ejemplo: los nombres, domicilios y teléfonos de las 883 compañías de ese país que importaron bienes desde Panamá en el primer semestre de 2014. Una búsqueda semejante se puede hacer en la página del Ministerio de Comercio de Brasil en el que se puede identificar más de 27 mil empresas que compraron productos a China en 2013: los datos de ubicación de las firmas también son explícitos.  La Secretaría de Comercio de México dispone de un directorio de importadoras que incluye perfiles detallados con información hasta del número de empleados.

Hay expertos que consideran que la falta de transparencia contribuye a fomentar la corrupción, como la denunciada sobre Cadivi, que fue reemplazada por el Centro Nacional de Comercio Exterior, Cencoex. “Con datos disponibles el ciudadano puede convertirse en un vigilante de las gestiones públicas. Es capaz de identificar incongruencias y publicarlas o denunciarlas”, explica Daniela Martucci, coordinadora de Coalición Pro Acceso, plataforma de ONG que luchan por el derecho a la información.

Vacío que sigue. Las fallas de los controles cambiarios ocasionaron la entrega por lo menos 25 millardos de dólares a las llamadas empresas de maletín, según admitieron el año pasado funcionarios como Edmée Betancourt y Jorge Giordani, quienes estaban al frente del Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Planificación y Finanzas respectivamente. Miguel Rodríguez Torres, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, afirmó en diciembre de 2013 que calculaba que 40% de las firmas que solicitaron dólares en Cadivi ese año eran compañías fantasmas. Aún muchos se preguntan cómo pudo articularse tal desvío de fondos.

Los vacíos de información persisten con respecto a la información sobre las empresas investigadas. Desde el 20 de julio han circulado 12 listas oficiales de sociedades bajo lupa. Un total de 8 han sido divulgadas por Cencoex: la primera y más larga fue con 1.059 compañías convocadas a verificar entre julio y octubre el uso que dieron a los dólares recibidos desde 2012 y las restantes 7 presentaron los nombres de 120 firmas sancionadas por no rendir cuentas. La Fiscalía difundió otras 4 listas con nombres de 179 compañías de las casi 800 sometidas a averiguaciones. Nadie ha aclarado cuáles son los criterios de por qué se divulgaron los nombres de esas compañías y no de otras, ni en qué sectores se desempeñaban, ni por qué tipo de irregularidades o delitos se investiga a cada una,  ni las direcciones de ubicación que dieron las empresas para pedir dólares. El Ministerio Público solo ha señalado quiénes eran los accionistas de 13 de las firmas. Tanto ese despacho como Cencoex han repetido el modelo Cadivi: toda la información la han divulgado en archivos que impiden a los ciudadanos de a pie hasta la más sencilla operación para procesar los datos. 

Oswaldo Ramírez, politólogo y director de la firma ORC Consultores, considera que con la proliferación de listas se pretende transmitir la idea de que las instituciones del Estado emprenden una lucha contra la corrupción. “La gran mayoría de la población está desconectada del tema y agobiada por otros problemas como el desabastecimiento. Son pocos los que están haciendo seguimiento y que pueden identificar información clave que le falta a las listas. No veo claramente en la oposición a alguien dedicado al asunto en profundidad”.

Open Data. Agrupar las listas, cruzar los nombres de las compañías,  realizar cálculos matemáticos, generar gráficos y estadísticas son acciones que no pueden realizarse con las datos tal y como han sido difundidas por Cadivi, Cencoex y la Fiscalía. Un movimiento internacional con el nombre de Open Data –o Datos Abiertos– ha tomado cuerpo desde los años 90. Una de las principales motivaciones de los activistas es explicada por Edna Ruckhaus, jefa del Departamento de Computación de la Universidad Simón Bolívar: “Es la búsqueda de transparencia, la prevención de la corrupción y la posibilidad de que los ciudadanos hagan contraloría social”. Los datos son abiertos cuando, en general, se pueden descargar libremente, cuando el usuario no requiere usar programas complejos para hacer consultas o procesamientos y cuando pueden ser reutilizados por otros. 

Un ejemplo puede ilustrar lo difícil que puede ser aproximarse a las listas de Cencoex y Fiscalía. Ninguna de esas instituciones han precisado cuántos dólares recibieron las empresas que figuran en las tablas publicadas desde julio. El Nacional realizó una serie de procedimientos para transferir los datos de los archivos originales a programas de computación que permitieron calcular, por ejemplo, que a 150 compañías bajo averiguaciones penales les otorgaron 2,4 millardos de dólares entre 2004 y 2012. Hay empresas mencionadas que no aparecen en la última lista de beneficiarias publicada por Cadivi hace 2 años, por lo que se presume que recibieron divisas en 2013 y 2014 aunque el gobierno no ha aclarado en qué cantidades. La ausencia de ese dato impidió hacer la sumatoria precisa de los montos recibidos por otras 142 compañías.

María Esther Vidal, doctora en Ciencias de la Computación y profesora de la USB, refiere un estudio de 2013 realizado por el World Wide Web Foundation y el Open Data Institute de Reino Unido. El informe calificó a los países del mundo principalmente según cómo cada gobierno pone datos abiertos a disposición de los ciudadanos. Venezuela ocupa el último lugar entre 13 países de América analizados y está en posición 62 entre 77 naciones. Por encima aparecen Bahrain, Botswana, Uganda, entre otros. Vidal hace una precisión: “No todo dato público, es abierto”.

Críticas socialistas. Luis Gavezut, coordinador del Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza, hizo para Marea Socialista un informe sobre las averiguaciones a las empresas de maletín. En el documento, publicado en el portal Aporrea, incluyó críticas a las listas de Cencoex y la Fiscalía. El activista cuestionó que no se publicaran las tablas en formatos de hojas de cálculo, que facilitan el análisis. También advirtió sobre la falta de rigurosidad, ya que no todas las empresas están acompañadas por los números de RIF. Gavazut halló errores en la trascripción de las razones sociales e incluso nombres de compañías repetidos. Críticas que abonan a una idea: aún falta transparencia.

Nombres desconocidos
Hay todavía listas referidas a los sistemas de control cambiario desconocidas por la población. No se sabe con precisión cuáles fueron las empresas beneficiarias por el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), ni por fórmulas como el Convenio de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre, que se aplicó en los países de la Alba). Las listas de compañías que han recibido dólares en las subastas del Sistema Alternativo de Administración de Divisas 1 (Sicad 1) no se han publicado en bases de datos o en hojas de cálculo como tampoco los nombres firmas que han obtenido moneda extranjera bajo ese mecanismo y son objeto de averiguaciones. 

Otra lista no publicada ha sido la que prometió el presidente Nicolás Maduro en abril de 2014 de las empresas que habían mal utilizado los dólares preferenciales.


El dato

2,4 millardos de dólares fueron entregados a 145 empresas bajo averiguación. El dato no procede de informes oficiales.