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Jubilados de Corpoelec pusieron candado a instalaciones administrativas

Aseguran que la Inspectoría del Trabajo ha hecho caso omiso a las denuncias de los trabajadores por deudas laborales

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Los trabajadores jubilados de la empresa Corpoelec en Falcón decidieron encadenar las puertas de las instalaciones administrativas, así como encadenarse ellos mismos en lo que han calificado de “un engaño a la masa laboral” por parte de las autoridades de la empresa. Aseguran que están cansados de los incumplimientos.

Edgar Bracho, presidente del Sindicato de Trabajadores Eléctricos y miembro de la federación nacional, dijo que la situación se había tratado de resolver ante la Inspectoría del Trabajo, pero la empresa hizo caso omiso a las tres comparecencias conciliatorias. El pliego conflictivo empezó el 7 de enero de 2013.

Las deudas que exigen los cesantes y los activos son el pago del HCM, intereses de mora y compensación, retrasos en el pago de las prestaciones sociales, el ajuste del tabulador de los trabajadores activos, actualización de pagos de la caja de ahorros, entre otras solicitudes.

Bracho dejó ver que hace un año el presidente Hugo Chávez aprobó desde Cuba 1.700 millones de bolívares para Corpoelec, pero no se conoce el destino de este dinero, y afirmó que la huelga se mantendrá hasta que se obtengan respuesta.

“Bolívar y Zulia podrían plegarse a la huelga ante el cierre técnico de Corpoelec en la nación”, afirmó Bracho.

En la Unefm

Los empleados de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda desalojaron a los estudiantes que mantenían paralizadas las actividades administrativas de la casa de estudios falconiana.

Rodolfo Chirinos, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Unefm, informó que la medida se tomó en asamblea general de trabajadores debido a que las autoridades nacionales y rectorales no actuaban. “Decidimos conversar con los estudiantes para que se retiraran”, afirmó.

Los estudiantes estaban llevando la “Hora 0” desde el viernes pasado. “Esa hora se acabó”, aseguró Chirinos, que destacó que el derecho de los alumnos de protestar pierde validez al mantener a más de 2.000 trabajadores sin salario y sin tickets de alimentación.

A partir de ayer se reanudaron las actividades administrativas. La sede del rectorado fue recibida por la subdirectora académica Olga Subero. Asistieron los delegados de la Defensoría del Pueblo, y el Cicpc comenzó una investigación.