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Irrespeto a la propiedad fue un rasgo distintivo

El presidente Hugo Chávez / AVN

El presidente Hugo Chávez / AVN

Las violaciones del derecho consagrado en la Constitución de 1999 se incrementaron luego de la reelección del mandatario en 2006

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La ausencia de garantías para las personas que poseen bienes inmuebles, desde fábricas productivas hasta viviendas alquiladas, y desde fundos rurales hasta terrenos urbanos, fue la característica más distintiva de la política económica del presidente Hugo Chávez. En especial, después del viraje que se produjo en 2003.

La dependencia del petróleo, el control de cambio, la regulación de precios, la alta inflación, la participación estatal en la economía y otros aspectos criticados de la gestión del mandatario estuvieron presentes en gobiernos anteriores. Pero ninguna otra administración desdibujó tanto el derecho de propiedad.

"Chávez implementó una cantidad de medidas para limitar el ejercicio de la propiedad privada, tanto en el sector inmobiliario como en otras áreas de la economía, y para promover otras formas de propiedad (comunal, social)", dice el abogado Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.

"Eso no había pasado antes. Aunque es cierto que las garantías económicas de la Constitución de 1961 estuvieron suspendidas durante casi 30 años, de allí a los ataques contra la propiedad privada registrados en la presidencia de Chávez hay un trecho largo", agrega Felipe Benites, coordinador del Observatorio de Derechos de Propiedad.

El Observatorio ­formado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad y la organización no gubernamental Liderazgo y Visión­ contabilizó 1.911 "rescates" de tierras, 915 expropiaciones y 529 invasiones en el período comprendido entre 2003 y 2011.

Benites destaca que los ataques no se limitaron a los grandes dueños de medios de producción, sino que también apuntaron a pequeños y medianos propietarios. "70% de los predios rescatados hasta 2008 tenía una extensión menor a 5.000 hectáreas, que era lo que antes se consideraba latifundio".

Leyes vs. Constitución. La carta magna de 1999 garantiza la propiedad privada. "Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes", dice el artículo 115.

A través de leyes posteriores, sin embargo, el gobierno de Chávez diluyó la garantía constitucional al derecho de propiedad. "Se crearon mecanismos que quitaron el control previo de los poderes Legislativo y Judicial, y permitieron la toma inmediata de cualquier inmueble por parte del Ejecutivo", apunta Orta.

Hay una serie de legislaciones que extendieron el concepto de utilidad pública e interés social a sectores completos de la economía, convirtieron la expropiación en un castigo por incumplir regulaciones gubernamentales y dejaron a los tribunales (que antes debían autorizar la medida) como un mecanismo de reclamo posterior.

La Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, promulgada en 2008, es el mejor ejemplo. El artículo 6 declara de utilidad pública e interés social "todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios".

La disposición otorga al Ejecutivo la facultad de iniciar el procedimiento de expropiación cuando se hayan cometido los ilícitos económicos establecidos en el artículo 114 de la Constitución (acaparamiento, cartelización, especulación y usura) o las acciones definidas como faltas en la ley. Y, además, permite la ocupación temporal y la incautación.

Benites aclara que los marcos normativos que taxativamente prohíben, menoscaban o excluyen los derechos de propiedad sobre ciertos bienes no tienen ningún basamento constitucional y pueden ser denunciados. "Estas leyes representan una violación de la carta magna".

El impulso de la reelección. La tendencia gubernamental a disminuir las garantías al derecho de propiedad estuvo presente desde el principio. Así lo demuestran legislaciones como las de Hidrocarburos o la de Tierras, incluidas en el paquete que Chávez promulgó vía habilitante a finales de

2001 y que provocó la crisis política de 2002-2003.

Pero fue después del paro cívico cuando se produjo un viraje en la acción del Gobierno y comenzaron las intervenciones directas contra la propiedad privada, con la toma de empresas cerradas ­como la Compañía Nacional de Válvulas y Venepal­ para aplicar modelos de cogestión con los trabajadores.

En 2005 el mandatario declaró abiertamente la tendencia socialista de su gestión y aparecieron los decretos zamoranos para el "rescate" de fincas, emitidos por gobernadores oficialistas. En diciembre de 2006 llegó la reelección presidencial y con ella el impulso definitivo a los ataques contra la propiedad privada.

El primer acto de Chávez al tomar posesión para su segundo período, en enero de 2007, fue estatizar la Cantv y la Electricidad de Caracas, ambas en manos de transnacionales. Ese mismo año obligó a los participantes de las asociaciones estratégicas de la faja del Orinoco a formar empresas mixtas con mayoría accionaria de Pdvsa.

En 2008 el Gobierno expropió Sidor y las cementeras Cemex, Holcim y Lafarge.

En 2009 hizo lo propio con decenas de contratistas petroleras y con las torrefactoras Café Madrid y Fama de América. En 2010 le tocó el turno a Agroisleña, Éxito, Friosa y Monaca, entre otras empresas. En 2011 Conferry se unió a la lista.

En los últimos 2 años el sector más afectado ha sido el inmobiliario. En noviembre de 2010 se expropiaron 5 conjuntos residenciales en construcción y se intervinieron 30 más. Un mes después comenzó la ocupación de estacionamientos para utilizarlos en la edificación de viviendas.