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Conindustria pide nulidad de Ley de Costos y Precios Justos

Carlos Larrazábal González, presidente de Conindustria, indicó que el sector manufacturero nacional está de acuerdo con la necesidad de ofrecer productos asequibles, pero eso no se logra con controles sino aumentando la oferta

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El sector manufacturero nacional, encabezado por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), introdujo ayer martes 30 de octubre ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de nulidad contra la Ley de Costos y Precios Justos, por considerar que restringe la posibilidad de consumidores y usuarios de elegir los productos de su preferencia y además, atenta contra la libertad de empresa y el derecho de propiedad de todos los venezolanos.

Esta acción fue suscrita por la Cámara de Industriales del estado Zulia, la Cámara de Industriales del estado Lara, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera (Acoinva), la Cámara de Pequeños Industriales y Artesanos del estado Carabobo (Capemiac), la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, la Cámara de Industriales del estado Carabobo (Ciec) y Conindustria.

Carlos Larrazábal González, presidente de Conindustria, manifestó que el sector manufacturero nacional está de acuerdo con la necesidad de ofrecer productos a precios asequibles al consumidor, pero este objetivo no se logra mediante controles y regulaciones que sólo atacan los síntomas y no el verdadero problema, que es la inflación.

“La única manera de bajar los precios de verdad y que los consumidores no sacrifiquen calidad es aumentando la oferta pero la Ley de Costos y Precios Justos no lo permite”, aseguró.

Agregó que la industria nacional quiere venezolanos con despensas llenas, pero eso sólo será posible si hay más empresas y más producción. Y para que aumente la cantidad de compañías se requiere normativas que atraigan la inversión, no que la espanten.

Larrazábal recordó que actualmente hay una cierta mejoría en el abastecimiento, situación que es producto del aumento de las importaciones por parte del Gobierno en detrimento de la producción y el empleo nacional.

“La aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos terminará perjudicando significativamente tanto a los trabajadores como a los consumidores, ya que va asfixiando progresivamente la producción nacional”.

También destacó que el  objetivo de esta ley no es sólo bajar los precios de forma artificial, sino ejercer más control sobre el sector privado de la economía, pues la misma facilita la posibilidad de que el Estado pueda tomar indebidamente bienes de propiedad privada, lo cual afecta por igual a empresas, trabajadores y consumidores.

Larrazábal reiteró que el sector industrial venezolano tiene propuestas prácticas que sólo requieren trabajar en conjunto con el sector público para delinear y poner en marcha planes de fomento a la iniciativa privada, lo cual permitiría crear más empresas y producir más. Esto, a su vez, generará mayor abastecimiento y empleos estables.

El progreso del país sólo se logrará con más y mejores compañías privadas que, trabajando de la mano con el Gobierno, puedan propiciar la inversión y crear empleos estables, dignos y bien remunerados, concluyó Larrazábal.