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Gustavo Sosa Izaguirre: “El desabastecimiento, la escasez y la inflación no son culpa del sector privado”

Sosa Izaguirre asegura que no se ha respetado el debido proceso contra los señalados como especuladores | Foto Tibisay Romero

Sosa Izaguirre asegura que no se ha respetado el debido proceso contra los señalados como especuladores | Foto Tibisay Romero

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia rechaza que el gobierno estigmatice al sector privado

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El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Gustavo Sosa Izaguirre, sostiene que las empresas y los comercios no pueden ser estigmatizados como deshonestos. “Se ha tratado de desacreditar y desprestigiar al sector privado”. Afirma que las primeras consecuencias que han traído las políticas económicas ha sido el desabastecimiento, la escasez y la inflación y si bien es responsabilidad del gobierno, este intenta culpar a los empresarios.

-¿Por qué cree que el gobierno tomó medidas dirigidas al sector comercio?

-Tenemos 14 años con un régimen que ha pretendido imponer un modelo económico fundamentado en una ideología que rechaza la propiedad y la iniciativa privada. Es un proyecto ideologizado. El fallecido presidente Hugo Chávez y el actual mandatario, Nicolás Maduro, han hablado sobre su concepción marxista y el marxismo no acepta la propiedad privada, tampoco habla de procesos electorales.  La ideología hace que el Estado se convierta en un interventor de la economía. Para ser interventor requiere mecanismos permanentes de control y por eso hay controles de precios y de cambio.  Hemos visto que en los países donde se han aplicado este tipo de medidas han sido total y absolutamente fracasadas. Es un sistema anacrónico que ha traído ineficiencia, destrucción de la economía y del aparato productivo del país y, en consecuencia, el Estado ha concentrado el manejo de todas las actividades.

-Funcionarios dijeron que en algunos comercios fiscalizados consiguieron irregularidades

-Pueden haberlas encontrado porque en todas las profesiones hay honorables y deshonestos, y podría haber un comerciante deshonesto.

-¿Cuál es la posición de la Cámara de Comercio de Valencia frente a este tipo de irregularidades?

-Hay que criticar a quienes están fuera de la norma y rechazar enérgicamente la especulación y el acaparamiento porque son ilícitos económicos establecidos en la Constitución. Nosotros lo que no aceptamos es que por algunos casos de especulación o acaparamiento el gobierno pretenda estigmatizar a todo el sector como tal. El Ejecutivo ha tratado de hacer ver que todos los comerciantes son deshonestos. Este sector es, en primer lugar, el gran proveedor de bienes y servicios del país y por eso exigimos respeto. También garantiza el empleo: de cada 10 puestos de trabajo 7 corresponden al comercio.

-Luego de las fiscalizaciones y de las compras comienzan a verse los anaqueles vacíos.

-Es que muchos no podrán reponer sus inventarios. La Ley de Costos y Precios Justos y la Sundecop existen para castigar con sanciones que van desde la sanción pecuniaria de multa hasta el cierre temporal o definitivo del negocio. Lo que no es posible es que para perseguir a un especulador se dañe la imagen de un sector que se levanta todos los días temprano a trabajar. Persígase, repúdiese y sanciónese al especulador, pero esos son casos excepcionales. El procedimiento que se usa para perseguir al especulador  viola la Constitución.

-¿En qué sentido viola la Constitución?

- La Ley de Costos y Precios Justos permite la sanción pecunaria y el cierre de comercios. Sin embargo, la Constitución garantiza el debido proceso. Nadie puede ser señalado, sentenciado y calificado por el Ejecutivo de manera discrecional o unilateral sin el debido proceso porque la Constitución es muy clara, hay solamente dos formas de afectación y de restricción del ejercicio de la propiedad privada y están claramente determinadas en los artículos 115 y 116.

-El gobierno los acusa de participar en una guerra económica.

-Los precios han subido por razones que no son imputables a los comerciantes. Hay que recordar que el gobierno devaluó la moneda, en las subastas del Sicad ha colocado el dólar a 10, 11 y 12 bolívares. Si a esto le añadimos el aumento del salario, la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, la disminución de la jornada laboral, que implica que en muchos casos las empresas hayan tenido que crear un tercer turno, lo que genera un incremento sustancial en la estructura de costos. Han subido los tributos, aparte de las contribuciones para los fondos de Ciencia y Tecnología, del Deporte y de Cultura. El  gobierno es el que está estrangulando la economía.


Cierre masivo de empresas y destrucción del empleo

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Gustavo Sosa Izaguirre, asegura que el decreto de Ley Habilitante que se aprobó y que busca limitar las utilidades a los comercios, es una interferencia directa en la actividad comercial. Advierte que atenta contra el artículo 112 de la Constitución, que establece la libertad de comercio, la libertad de industria y del trabajo. “Eso implicaría regular y controlar todos los precios y los productos. Esa es una intervención que no está permitida en la carta magna y va a provocar un cierre masivo de empresas y la destrucción del empleo”.

Indicó  que el sector que más contribuye con los ingresos de las alcaldías es el privado. “Si lo estrangulan irán disminuyendo los ingresos de alcaldías y municipios. Desconocemos cómo van a funcionar y a atender los servicios que son de competencia exclusiva del municipio”.