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Gobierno tiene el monopolio de 21 actividades económicas

El Ejecutivo intenta nuevamente prohibir que una empresa domine en un sector productivo

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El Ejecutivo retomó el objetivo de aprobar la ley contra los monopolios y la nueva propuesta admite la posibilidad de regular a sectores que están bajo exclusiva competencia del sector público. En la actualidad, existe un control absoluto o casi total por parte del Estado de, al menos, 21 actividades económicas.
En el año 2006, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una legislación sobre esta materia e incluso comenzó a darse un segundo debate parlamentario artículo por artículo. En esa oportunidad tuvo el impulso del diputado Carlos Escarrá, pero la discusión fue diferida primero porque fue designado procurador general de la República y luego por su fallecimiento en enero de 2012.
El mes pasado, el Poder Legislativo abordó nuevamente la materia luego de que se introdujo el proyecto y se aprobó en primera discusión. Sin embargo, se trata de un proyecto distinto al presentado hace más de seis años. Si bien ambos textos coinciden en “prohibir taxativamente los monopolios privados”, ahora se admite la posibilidad de que se objeten prácticas monópolicas en el sector público.
El artículo 78 del documento señala que existen sectores sobre los cuales se podrá admitir que persista un monopolio por parte del Estado si cumplen la condición de ser una actividad económica estratégica, bien sea porque aparezca explícitamente señalado por la Constitución, lo estipule alguna ley o sencillamente sea decretado por el Ejecutivo.
El referido artículo indica que para establecer un monopolio estatal sólo se requiere de una resolución conjunta dictada entre el ministerio competente a la actividad económica que se pretende regular y la superintendencia nacional antimonopolio y contra prácticas similares, que fungiría como el organismo encargado de aplicar esta nueva ley.

Dominio del Estado. El proyecto ya pasó a estudio de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico y de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional donde se espera que la directiva del Parlamento dé la instrucción si el proyecto es prioritario en la agenda legislativa de 2013, lo que permitiría concluir su estudio. No obstante, en el análisis preliminar se detecta el creciente dominio del Estado.
En la lista de monopolios que están bajo la competencia pública figuran el hierro, siderúrgica, gas natural, petróleo, petroquímica, puertos, minería, asfalto, telecomunicaciones, comercialización de divisas, electricidad, acero, aluminio, cemento, expendio de gasolina, importación de materias primera del sector agrícola, producción y distribución de cabillas, fabricación de fertilizantes, explotación de oro, así como los medios de comunicación audiovisual porque son asignados mediante una concesión temporal.
De estas actividades sólo 11 estaban bajo competencia del Estado antes que el presidente Hugo Chávez llegara al poder en 1999 mientras que las restantes surgen como monopolios del sector público tras los procesos de estatización o expropiación que se iniciaron a partir de 2007 como parte de la instauración del socialismo bolivariano o del siglo XXI.
En la exposición de motivos del nuevo proyecto se señala que entre los objetivos de la ley antimonopolios está erradicar “la dominación extranjera en lo económico, social, cultural y político” y al igual que promover “la integración latinoamericana y caribeña como respuesta a la hegemonía globalizadora de las corporaciones transnacionales”.
No obstante, en la revisión técnica que se realiza en el Parlamento se menciona que varias de las empresas estatizadas en los últimos seis años pertenecieron a compañías de la región, las cuales se han expandido también dentro de una tendencia global que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, denomina “translatinas”, es decir, transnacionales latinoamericanas.

Las Cifras

23,3 millardos de dólares suman las expropiaciones y compras de empresas hechas por el Gobierno para lograr el monopolio en algunos sectores económicos, según estudio del Centro de Políticas Públicas del IESA

100.000 unidades tributarias es la multa monetaria máxima que contempla el proyecto de ley antimonopolio si una empresa recibe autorización para concentración económica omitiendo información o presentando falsa data.

2 años de inhabilitación puede acordar la superintendencia nacional antimonopolio contra una empresa que solicite autorización para funcionar bajo el supuesto de tener una concentración de una determinada actividad económica

Ignorar precios
Una investigación coordinada por el economista Richarb Obuchi, del Centro de Políticas Públicas del IESA, titulado Gestión en rojo, advertía que las estatizaciones hechas a partir de 2007 ocasionaron pérdidas financieras y caída en la producción.
“En un país donde el partido gobernante tiene poder absoluto, existe una posición dominante del Gobierno en la economía y la propiedad cuasi-estatal, preponderancia de la coordinación burocrática y planificación central”, indica el estudio citando János Kornai, uno de los estudiosos de la Universidad de Harvard de las economías socialistas del siglo XX. “Los actores tienden a ignorar las señales de precios”, acota.