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Gobierno pagó $ 472 millones por adquisición, instalación y mantenimiento de 3 turbinas

Planta Centro es una de las más afectadas / Foto: Archivo

Planta Centro es una de las más afectadas / Foto: Archivo

Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, llevó a cabo las negociaciones entre 2010 y 2012 con las empresas estadounidenses Waller Marine y HPI Energy Solutions 

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La crisis de 2009 puso en evidencia lo vulnerable del sistema eléctrico nacional. Desde 2010 el gobierno ha hecho negociaciones para la adquisición de equipos en un intento de aumentar la generación en el parque termoeléctrico. Hasta ahora sin éxito. Fuentes del sector han indicado que en lo que va de año las plantas están trabajando a menos de 30% de su capacidad instalada.

Entre las negociaciones hechas por el gobierno se encuentran las que se realizaron a través de Citgo Petroleum Coporation, filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, para la compra, instalación, operación y mantenimiento de 3 turbinas con una inversión 472,51 millones de dólares.

El primer contrato, con fecha de julio de 2010, fue firmado por Alejandro Granado, para aquel entonces presidente de Citgo, con la empresa estadounidense Waller Marine. Partiendo de lo que dice el documento, la transacción fue por 248 millones de dólares para la compra de las 3 turbinas y la construcción de 2 de ellas en gabarra, así como para su conversión dual gas/diesel. El acuerdo no incluyó la construcción del muelle ni las facilidades, como un gasoducto o una subestación, para su operación.

La instalación y conversión de 2 de las barcazas se llevó a cabo. En mayo de 2011, en el Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, en Tacoa, estado Vargas, se incorporaron al sistema eléctrico con los nombres de Josefa Rufina y Margarita con una capacidad de generación de 170 megavatios cada una. La tercera turbina nunca fue traída al país.

Una vez instaladas las dos barcazas, el presidente de Citgo firmó otro contrato, en mayo de 2012, en esta ocasión con la empresa también estadounidense HPI Energy Solutions. En el documento de revisión, con fecha

27 de abril de 2012, se establece que el acuerdo comercial estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2012 y Venezuela pagaría 118,88 millones de dólares solo por la operación y el mantenimiento de las gabarras.

En mayo de 2013 Alejandro Granado autorizó prolongar el contrato, mediante una adenda, por ocho meses más también para la operación y el mantenimiento de las gabarras. El monto en esa oportunidad fue de 105,63  millones de dólares. El documento está dirigido a John Filla, vicepresidente de HPI Technologies.

Miembros del sindicato de trabajadores del sector eléctrico, que prefirieron no dar sus nombres, aseguraron que las gabarras están funcionando a la capacidad instalada. Sin embargo, advirtieron que no es suficiente para paliar el déficit de generación que tiene la región capital. Agregaron que actualmente son operadas por personal de Corpoelec.

La que no llega.  Varios directivos de la estatal eléctrica han solicitado a Pdvsa que se traiga al país y se instale la tercera turbina adquirida por Citgo en 2010, la GE7FA, con una capacidad de generación de 170 megavatios.

No obstante, permanece en Houston, Estados Unidos, según una fuente del sector.

En enero de 2013 el entonces presidente de Corpoelec, Argenis Chávez, envió un comunicado al ingeniero Jesús Luongo, director de Refinación y Proyectos Eléctricos de Pdvsa, en el que pedía cooperación para aumentar la generación en la región andina. "Por lo que de ser posible, le solicitamos apoyo, en el sentido de colocar nuevas unidades de generación que tenga disponibles en la industria petrolera", dice.

El 4 de junio de 2013 el ingeniero Franco Silva Ávila, director ejecutivo de la junta interventora de Corpoelec, envió una comunicación número

PRE-JI-O-091-2013 al ingeniero Orlando Chacín, director de Refinación y Proyectos Eléctricos de Pdvsa, en la que, entre otros aspectos, solicita específicamente la instalación de la turbina que sigue fuera del país. Piden "una unidad GE 7FA de 170 MW (ISO) dual propiedad de Pdvsa-Citgo".

El 28 de octubre de 2013 Chacín respondió a la solicitud del ingeniero Silva y dijo con respecto a la turbina: "En cuanto al turbogenerador GE 7FA de 170 MW ISO, el cual es gemelo del instalado en Termobarrancas, proponemos que sea entregado a Corpoelec para su instalación en dicha planta, para que sirva de respaldo al actual y en un futuro inmediato Corpoelec cierre el ciclo combinado. Se están realizando las gestiones para el traspaso del turbogenerador a Corpoelec".

Pero la gestión no rindió frutos, pues en un punto de cuenta que entregó el

8 de septiembre de 2014 el entonces ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, al presidente Nicolás Maduro, se reitera la solicitud y se sugiere dónde debe instalarse. "Las evaluaciones determinan que el mejor destino corresponde a su instalación en la planta termoeléctrica Termobarrancas (estado Barinas). Es importante destacar que actualmente se encuentra en fase de explotación en la zona, el pozo de gas Las Lomas, con lo cual se prevé obtener dicho combustible para la unidad".

Chacón agregaba que además de la turbina en posesión de Citgo, otras 16 que habían sido adquiridas por el Estado no habían sido instaladas y, por ende, no estaban generando megavatios para el país. La fuente aseguró que desde

2014 hasta enero de este año solo 5, de los 17 equipos, han sido instalados.

Indicó que el gasoducto que mencionaba el ministro tampoco se hizo.

La fuente aseguró que de haberse puesto en marcha la tercera turbina en Termobarrancas, se habría satisfecho la demanda de la región centro-sur del país.

 

Las evaluaciones determinan que el mejor destino (para la turbina la GE7FA) corresponde a su instalación en la planta termoeléctrica Termobarrancas, estado Barinas² Jesse Chacón Ex ministro de Energía Eléctrica


2 turbinas instaló el gobierno en Tacoa, Vargas, en 2011. Los equipos se compraron a Waller Marine

170 megavatios aporta cada una de las turbinas, conocidas hoy como Josefa Rufina y Margarita

288,88 millones de dólares pagó el gobierno a la empresa HPI para operar y mantener las turbinas