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Gobierno acentúa criminalización de la protesta con multas a petroleros

Pdvsa/ Cesar de Moya/El Nacional

Pdvsa/ Cesar de Moya/El Nacional

La CTV envió a la Organización Internacional del Trabajo el caso, que se incorpora al expediente venezolano de violaciones

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La decisión de la Contraloría Interna de Petróleos de Venezuela de imponer a 11 ex trabajadores de la petrolera multas de 119.000 bolívares a cada uno, es una señal de que el Gobierno afincará su política de criminalizar la protesta, dijeron dirigentes sindicales y expertos laborales.
“La medida demuestra que no ha cesado la persecución gubernamental contra 20.000 trabajadores de la industria petrolera despedidos intempestivamente por defender los derechos democráticos en el paro cívico-nacional de finales de 2002 e inicios de 2003”, señaló Manuel Cova, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.
Agregó que al oficialismo no le basta con la expulsión de los petroleros, a quienes les negó el pago de las prestaciones sociales y el dinero que depositaron en la caja de ahorros de la petrolera, además de impedirles la posibilidad de conseguir empleo en sus especialidades dentro y fuera del país.
Cova recordó que la Organización Internacional del Trabajo condenó el despido masivo del personal de Pdvsa porque defendía derechos fundamentales en medio de una huelga general. Al respecto, el Gobierno venezolano respondió que se trató de un paro-sabotaje contra la industria petrolera, por lo que negó el llamado de la OIT a reenganchar a los trabajadores.
“La CTV envió la queja a la OIT para incorporar este nuevo caso al abultado expediente de violaciones del Gobierno al convenio 87 sobre libertad sindical”, informó el directivo de la central obrera.
Manuel Rondón, del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, afirmó que la medida contra los petroleros “es un mensaje a García, a todos los trabajadores del sector público para que no protesten”. Añadió que los trabajadores tienen sobradas razones para manifestar porque no se firman los nuevos contratos colectivos y en los vigentes incumplen los compromisos contractuales.
Rondón señaló que con la persecución laboral, el Gobierno irrespeta la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo y los convenios internacionales de acatamiento a los derechos humanos, entre ellos los de la OIT.

Otros casos. El abogado laboral León Arismendi declaró que la decisión de la unidad de Auditoría Interna de Pdvsa deberá ser evaluada por la Contraloría General de la República y que si bien la medida es apelable, difícilmente los afectados se librarían de la sanción dado que el Poder Ciudadano y el Poder Judicial están secuestrados por el Gobierno.
Arismendi alertó que el caso puede influir en las sentencias pendientes de 200 dirigentes sindicales y sociales, víctimas de la criminalización de la protesta y que están bajo régimen de presentación en los tribunales porque participaron o encabezaron conflictos, acciones de calle y huelgas.
En esta situación está el próximo juicio en Caracas el 28 del presente mes contra Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Ferrominera del Orinoco. Sobre este caso Arismendi enfatizó que el fallo del tribunal debe ser retirarle al sindicalista todos los cargos y dejarlo en libertad plena, además de indemnizarlo por el año y siete meses que estuvo en prisión sin que se le hiciera el debido proceso judicial.
El abogado precisó que los casos anteriores también están en el expediente de Venezuela en la OIT, cuyo Comité de Libertad Sindical instó al Gobierno a respetar el derecho a la huelga y a la protesta, y suspender todos los juicios contra los sindicalistas.