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Gobierno ordena revisar Ley de arrendamiento de locales

García Plaza desde la constructora Sambil / cortesía: captura VTV

García Plaza desde la constructora Sambil / cotesía: captura VTV

El jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía García Plaza mostró las supuestas irregularidades en el arrendamiento de locales del centro Sambil de Barquisimeto

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El jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía, Hebert García Plaza, planteó desde la constructora Sambil en Barquisimeto, estado Lara, que es necesario una revisión a ley de arredamiento de comercios.

García Plaza mostró las supuestas irregularidades en el arrendamiento de locales del centro Sambil, el cual aseguró incrementó los precios 600% desde 2011.

"El banco Federal pagaba 11.708 bolívares en 2011. Cuando (el local) lo va a recibir el banco de Venezuela el canon de arrendamiento que le querían aplicar es 68.425.000 bolívares ¿tomando como referencia que patrón?. No existe un patrón que indique que le aumenten 600% al canon de arrendamiento", denunció. Añadió que en el año siguiente el precio establecido por el alquiler fue de 94 mil bolívares, sin incluir el costo del condominio.

El ministro expresó que la inflación repercute en el aumento del condominio pero no en el arrendamiento del local y que la inspección se efectuó debido a las denuncias realizadas por los comerciantes.

"La claúsula 23 del contrato dice que si el local que esta funcionando tiene una formula de productos alimenticios, la propiedad intelectual ya no es de quien la creo sino de la constructora sambil, quien la arrenda. Es decir, si Cantv viniera a vender los vergatarios con una teconologia hecha en Venezuela ellos pretenderían que ese conocimiento quedara en propiedad de la constructora. ¡Tremenda desviación de un contrato de arrendamiento!".

Por su parte, el vicepresidente, Jorge Arreaza, afirmó que estudiarán los canones de arrendamiento y una de las primeras leyes que presentarán en los próximos días estará destinada a registrar pequeños y medianos comerciantes. "¿Por qué queremos hacer esto? para protegerlos, le hacemos un llamado a que se registren y puedan decirnos si es el proveedor el que les infla los precios" dijo.

Arreaza se dirigió a los empleados y señaló que si hay algo asegurado es el derecho al trabajo de cada uno de ellos.

Informó que actualmente han sido privados de libertad seis dueños de empresas como Preco. "No queremos andar en el país arremetiendo contra alguien pero cuando hay usura en máximo nivel, remarcaje, doble marcaje la ley tiene que caer en todo su peso".