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Fijarán márgenes de ganancia anuales y por zonas geográficas

Si en el momento de la inspección se detectan irregularidades graves, s epodrá ocupar el establecimiento hasta por 180 días | Foto: Alveiro Bolívar

Si en el momento de la inspección se detectan irregularidades graves, s epodrá ocupar el establecimiento hasta por 180 días | Foto: Alveiro Bolívar

La Ley Orgánica de Precios Justos indica que la utilidad máxima será de 30% y se aplicará por sectores y rubros

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El control de los márgenes de ganancia en Venezuela ya es oficial. Desde ahora las empresas no podrán ganar ni tener una utilidad por encima de 30%, a menos que el gobierno establezca un monto distinto, menor o mayor, para todas las actividades económicas que se realicen. Así queda establecido en la nueva Ley Orgánica de Precios Justos, que indica además que se fijarán distintos regímenes o sistemas para establecer esos márgenes a bienes, controlados o no, en función del carácter estratégico y el beneficio de las personas.

El artículo 32 estipula que el margen máximo de ganancia será establecido anualmente, y atenderá a criterios científicos, realizados por una nueva instancia, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, que se crea dentro de la ley.

El porcentaje que puede ser menos a 30% se podrá determinar en función del sector, del rubro, del espacio geográfico o zona de aplicación, además del canal de comercialización y cualquier otra actividad económica que disponga el gobierno.

Igualmente se indica que el Ejecutivo podrá fijar márgenes de ganancia distintos para industrias nuevas o sectores determinados. Se señala además que al establecer el nuevo margen de ganancia, las empresas tendrán que seguir cumplimiento con los precios regulados establecidos.
En la legislación no se aclara cuáles son los elementos y factores que conforman las estructuras de costos de las empresas, ni cuáles serán reconocidos o no para fijar los precios y los márgenes de ganancia. Está previsto que salgan normativas e instructivos por sectores y áreas.
Con la nueva ley, además queda expresado que para que las empresas reciban divisas, así como realizar cualquier otro trámite que establezca el Ejecutivo, deben demostrar ante la superintendencia el cumplimiento de los criterios de precios justos, exista o no fijación expresa de estos. Y se emitirá un certificado de precios justos que avalará el cumplimiento de la medida.

El gobierno crea dos intendencias, la de Costos, Ganancias y Precios Justos entre cuyas atribuciones está la de determinar precios justos en cualquiera de los eslabones de las cadenas de producción o importación, distribución y consumo desarrolladas y aplicadas en el país, así como fijar los márgenes máximos de cánones de arrendamiento de los locales comerciales, entre otras regulaciones.

La Intendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos será la encargada de fiscalizar, investigar y aplicar las sanciones previstas en la ley.
 
Nuevo registro.  La nueva Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos absorbe a la Sundecop y al Indepabis. Igualmente se establece un nuevo registro para todas las empresas que ejerzan cualquier actividad económica en el país. Está previsto que la Sundee dentro de un plazo de 90 días, dicte la normativa correspondiente a los trámites administrativos, así como el establecimiento de autorizaciones, permisos y licencias. Además una vez que entre en vigencia el registro, las empresas tendrán un lapso de 180 días para inscribirse.

Se aclara en las disposiciones transitorias de la ley, que aquellos precios justos alcanzados con motivo de la ofensiva económica desplegada por el presidente de la república mantendrán su vigencia hasta que la Sundee determine el precio conforme a las normas establecidas en este instrumento. De esta manera, se infiere que los precios fijados y las rebajas ordenadas en las inspecciones de noviembre y diciembre deberían seguir vigentes, aunque muchos comercios ya no tienen la mercancía en inventario para la venta.
 
Medidas preventivas y de ocupación. Al igual que la anterior ley de precios, se establece la ocupación temporal de empresas y establecimientos que violen la normativa, pero ahora será por 180 días. “Si durante la inspección o fiscalización, la funcionaria o el funcionario actuante detectara indicios de incumplimiento en las obligaciones previstas en la presente Ley y existieren elementos que permitan presumir que se puedan causar lesiones graves o de difícil reparación a la colectividad; podrá adoptar y ejecutar en el mismo acto, medidas preventivas destinadas a impedir que se continúen quebrantando las normas”, establece el artículo 39.

Tales acciones son comiso, ocupación temporal, cierre temporal del establecimiento y hasta la suspensión temporal de la licencia y permisos a las empresas.