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Fedecámaras: La situación económica no da risa

Fachada de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) | Foto Cortesía 2001

Fachada de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) | Foto Cortesía 2001

El organismo reiteró que solicitarán la nulidad de la Ley Orgánica de Precios Justos por inconstitucional

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Fedecámaras aseguró que continuará con la solicitud de nulidad de la Ley Orgánica de Precios Justos ante el Tribunal Supremo de Justicia por inconstitucional. En un comunicado, el gremio le respondió a la superintendente nacional de los Derechos Socieconómicos, Andreína Tarazón, quien desestimó la advertencia del gremio, al señalar que se reía de la acción de los empresarios contra la ley.

“La situación económica no da risa”, afirmó el gremio empresarial en un comunicado.

Señalan que en momentos en que el país está sumergido en la más profunda escasez de alimentos básicos, cuando el venezolano parece tener que acostumbrarse a las largas e inmensas colas para comprar una harina precocida, papel higiénico, leche, medicamentos, entre otros productos de primera necesidad; en momentos en los que el país registra los más bajos niveles de productividad, en que la inflación consume por completo los salarios de los trabajadores, Fedecámaras no entiende la posición de Tarazón.

“Le da risa nuestra solicitud de nulidad de la Ley Orgánica de Precios Justos, ley que lejos de contribuir a la solución de los problemas, continuará agravándolos. Para el gremio empresarial, actitudes como estas, solo evidencian el desconocimiento de la gravedad de la crisis económica que hoy tenemos por delante”, indicó el gremio presidido por Jorge Roig.

Los empresarios señalan que dentro del marco del orden jurídico solicitarán la nulidad de la Ley Orgánica de Precios Justos por ser contraria a una Constitución que prohíbe la confiscación, salvo en los casos que ella expresamente establece. 

“La Constitución señala que el TSJ debe declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales que colidan con las normas que ella contiene y los ciudadanos tienen el derecho, consagrado en la Carta Magna, de solicitar esas nulidades. El poder hacerlo forma parte de los derechos más elementales que existen en un sistema democrático. La decisión corresponde a los jueces; y tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional deben esperar sus decisiones en un marco de respeto y de no injerencia”.