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Falta de incentivos del Gobierno limitan desarrollo de economía comunal

Víctor Álvarez del Centro Internacional Miranda | LEONARDO NOGUERA

Víctor Álvarez del Centro Internacional Miranda | LEONARDO NOGUERA

Las empresas de propiedad social enfrentan retrasos en los pagos de organismos públicos y problemas para acceder a las divisas

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Las empresas de propiedad comunal o social luchan por sobrevivir ante la imposibilidad de competir con el sector privado de trayectoria y la falta de incentivos por parte del Estado. El economista e investigador del Centro Internacional Miranda, Víctor Álvarez, explicó que durante su trabajo de campo ha detectado que al sector se le dificulta permanecer en el tiempo.

“Existe una alta tasa de natalidad de estas empresas, pero al mismo tiempo hay un alto índice de mortalidad”, indicó. Para él, una de las razones principales es que la producción comunal tiene dificultades para participar en procesos de compras públicas.

“Como se trata de una economía naciente no está en condiciones de cumplir los requisitos de las compras públicas y le cuesta competir con el sector privado”, explicó.

Cuando logran licitar y son seleccionadas como proveedores, se presenta un segundo obstáculo: el retraso en los pagos. “Este sector no tiene mucha influencia ni equipos de relaciones públicas que generan estrategias de presión”, señaló. Los organismos deudores no son solo instituciones del Estado, sino también gobernaciones y alcaldías.

El tercer problema es la dificultad en el acceso a las divisas oficiales por medio de Cadivi, situación que los empuja a recurrir a intermediarios para realizar sus importaciones. Álvarez acotó que tampoco gozan de los incentivos de política pública y, por sus características, están excluidos de los préstamos de Bandes y las entidades financieras públicas y privadas.

“A la economía comunal no se le puede dejar al arbitrio de las fuerzas del mercado. Requiere un apoyo del Estado”, indicó.


Posponer o profundizar. El proyecto del sistema económico comunal, avalado por una ley que data de 2008, es a largo plazo. El objetivo del Plan de la Patria es que 60% de la población viva en comunas para 2019. Sin embargo, esta meta está limitada por una cantidad de requisitos, económicos y políticos, que buscan reducir la participación de la propiedad privada al tiempo que gana terreno la propiedad social.

“Esto requeriría del avance de las expropiaciones y el incentivo de nuevas formas de organización, lo cual genera conflictos”, explicó el economista y profesor universitario Ronald Balza. Recordó que el propio Hugo Chávez había considerado que el avance del proyecto, a cargo del Ministerio de las Comunas y Protección Social, había sido bastante lento.

“Chávez nunca se planteó avanzar de golpe, sino de modo progresivo y sobre el precio del petróleo”, indicó Balza. El costo de que la administración pública desplace al sector privado y asuma sus actividades es muy alto.

El economista explicó que el presidente Nicolás Maduro tiene problemas más inmediatos que resolver -escasez, inflación, conflictos laborales- en un contexto de importantes problemas fiscales y la necesidad de mantener las importaciones.

Por lo tanto, Maduro debe decidir entre la radicalización del modelo y la toma de decisiones que sanearían un poco la economía, pero que irían en contra del esquema comunal. “Tendría que avanzar en un proyecto a largo plazo, que incluye reorganizar la propiedad y las relaciones entre los trabajadores, en un contexto en el que las expectativas de los electores son otras”, manifestó.

En este sentido, el especialista considera que Maduro aumentará la severidad de los controles y culpará a las empresas de no contribuir con el proceso. Afirmó que esta estrategia se ha aplicado desde 2003 y no ha servido para resolver problemas críticos, como la inflación.


Las soluciones

Anclaje cambiario estanca el crecimiento

Para el economista e investigador, Víctor Álvarez, el impulso de la economía comunal depende en gran medida de la resolución de los problemas en el plano macroeconómico. “Hay que atender el problema de sobrevaluación. El anclaje cambiario se ha convertido en un subsidio al dólar y las importaciones. Para un agente económico resulta más rentable armar la carpeta de Cadivi e importar lo que puede producirse aquí”, explicó.

Indicó que la situación afecta tanto a la economía privada como a la comunal. Añadió que también se debe perfeccionar el marco legal y afinar los reglamentos. “Adicionalmente, es necesario el fortalecimiento de la instituciones, ya que están muy burocratizadas, las respuestas son lentas y el personal tiene debilidades técnicas”, señaló.

Como tercer punto, el especialista considera importante la definición de un conjunto de incentivos fiscales, arancelarios y cambiarios –como por ejemplo la creación de un presupuesto en divisas para la economía comunal-, y facilitar los suministros de materia prima y capacitación especialmente diseñada para este sector.