• Caracas (Venezuela)

Economía

Al instante

Empleados del Seniat deben pedir permiso a Cabello para viajar

Aseguran que habrá mercancía para temporada navideña / Cortesía

Desde el 8 de febrero de 2014 quedan prohibidas las salidas del territorio nacional sin la debida autorización del superintendente Nacional, José David Cabello / Cortesía

Los trabajadores que incumplan la disposición serán sancionados, según un memorándum del organismo. Afirman que en el sector público aún revisan la lista Tascón 

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Los trabajadores del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria que deseen viajar al exterior deberán contar con la aprobación de sus superiores. Un memorándum interno del organismo, enviado el 8 de enero de 2014 a los gerentes de aduanas principales, subalternas, jefes de división, jefes y coordinadores de área y funcionarios reconocedores, señala que a partir de esa fecha quedan prohibidas las salidas del territorio nacional sin la debida autorización del superintendente nacional aduanero y tributario, José David Cabello.

La información –identificada con las siglas: SNAT/INA/2014-00000025– la firma de César Augusto Febres, intendente nacional de aduanas del Seniat. Quienes quieran o necesiten viajar al extranjero deberán presentar, “con la debida anticipación”, el permiso para ausentarse del territorio nacional, donde requieren explicar los motivos que justifiquen la salida. De ser necesario, el texto advierte que en los casos que corresponda, la solicitud de autorización debe estar acompañada con soportes.  

Inicialmente la medida estaba dirigida solo al personal directivo, pero se pudo conocer que después se extendió al resto de los empleados del Seniat. “El incumplimiento de la instrucción aquí descrita, será causal de las sanciones”, culmina la notificación.

Política de Estado. El representante del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, Froilán Barrios, señaló que este tipo de medidas se ha convertido en política de Estado. La criminalización de las protestas, cada vez más frecuente, afirmó, evidencia los lineamientos que tiene el Ejecutivo en materia laboral.

“Los trabajadores son reprimidos por la Guardia Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Además de golpearlos, los amenazan con llevarlos a los comandos regionales de la GNB y abrirles procesos judiciales. Prueba de ello son los más de 300 sindicalistas en el país con causas abiertas en los tribunales”, indicó.

Desde hace algunos años los empleados públicos son obligados a ir a los actos, concentraciones y marchas del oficialismo, pero ahora, agregó Barrios, se practica lo que se conoce como delito de opinión, que es tener identificados a los trabajadores según su tendencia política. 

Pese a que casi han transcurrido 10 años desde la divulgación de la lista Tascón –la base de datos en donde el fallecido diputado a la Asamblea Nacional Luis Tascón agrupó a los que solicitaron el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez–, Barrios dijo que todavía es consultada en el sector público antes de hacer una contratación.

Además de la discriminación que representa la lista, también ha incrementado la corrupción. El dirigente sindical advierte que hay trabajadores que pagan para que los borren, por lo menos por un tiempo, de la lista mientras consiguen el empleo.

Intimidación a empresarios

En el sector privado también hay casos de intimidación gubernamental. El presidente de Conindustria, Eduardo Garmendia, confirmó que algunos funcionarios aprovechan las fiscalizaciones a las empresas productivas para solicitar a los directivos de las compañías recibos de pago de servicios públicos de su domicilio, con el objetivo de obtener la dirección del lugar de residencia.

Garmendia aseguró que eso es ilegal. Sin embargo, advirtió que en torno a estas inspecciones hay mucha desinformación e improvisación en la forma cómo deben realizarse, lo que imprime mucho poder, libertad y discrecionalidad al funcionario en su proceder.

El dato

Criminalización de la protesta

El hostigamiento y la criminalización de la protesta son métodos que emplea el gobierno para limitar las libertades de los trabajadores, indicó Orlando Chirinos, coordinador de Fadess.

Dijo que uno de los casos más emblemáticos es el de la ensambladora de camiones Citvechi en la que el gobierno tiene 51% del capital. 5 trabajadores fueron acusados por los patronos de extorsión y arrestados por el Sebin cuando conversaban con los gerentes de la empresa. Se tomó la medida para impedir que los trabajadores ejercieran su derecho a la libertad sindical y constituyeran un sindicato.

Indicó que recientemente Unete fue desalojado de su sede en el Incret por denunciar hechos ocurridos en Sidor, Venalum y otras empresas del Estado.