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Distribuir alimentos, la nueva función de las FANB tras decreto presidencial

Foto: Archivo

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El dirigente opositor y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, descartó este lunes que el nuevo decreto pueda solventar la crisis

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Las fuerzas militares y los cuerpos de seguridad fueron autorizados por vía de decreto para apoyar al Ejecutivo con el objetivo de garantizar la distribución y comercialización de los alimentos y otros productos básicos, anunció este lunes el gobierno.

El decreto deberá ser ratificado por el Congreso durante esta semana. La mayoría opositora de la Asamblea Nacional ha descartado su apoyo a la normativa.

En un intento por hacer frente a la compleja crisis económica que enfrenta Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aprobó un decreto de estado de excepción y emergencia, que entró en vigencia este lunes luego de su publicación en la Gaceta Oficial, que le da atribuciones al gobierno para ordenar la intervención de la fuerza armada y los órganos de seguridad para garantizar la distribución y comercialización de alimentos y otros productos básicos.

La nueva normativa autoriza al gobierno para dictar planes de seguridad pública ante posibles "acciones desestabilizadoras", y le da atribuciones de "vigilancia y organización" a los comités locales de abastecimiento, los consejos comunales, la fuerza armada y las policías.

El dirigente opositor y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, descartó este lunes que el nuevo decreto pueda solventar la crisis, y dijo a la prensa, en una visita a una escuela en el este de la capital, que "con Maduro no tenemos futuro los venezolanos".

Capriles insistió en que se debe realizar este año el referendo revocatorio para abrir el camino a un nuevo gobierno y lograr una "solución política" a la crisis.

El gobierno sostiene que la crisis es consecuencia de una "guerra económica" promovida por sectores opositores y de la caída de los precios del petróleo, que financia 96% de los ingresos que recibe el país por exportaciones.

Opositores y analistas atribuyen a la crisis en parte al agotamiento de los controles de precios y de cambio, que están vigentes desde hace 13 años.

Venezuela está sumida en una compleja situación dominada por una desbordada inflación, que se estima que este año podría rondar 720%, y severos problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos.

Desde que asumió el gobierno hace tres años, Maduro ha denunciado varios complots contra su administración. Las denuncias se han intensificado luego que la coalición opositora inició en abril pasado una recolección de firmas para activar un referendo revocatorio contra el mandatario venezolano.

En el decreto, que tendrá vigencia por dos meses, también se faculta al gobierno para adoptar medidas que permitan al sector público que "asegure el apoyo" del sector privado en la producción, comercialización y distribución de insumos y bienes.

Maduro ha acusado a algunos empresarios, en particular a Lorenzo Mendoza, jefe del grupo de Empresas Polar, que es el mayor productor de alimentos procesados del país, de conspirar contra el gobierno.

Empresas Polar paralizó a finales del mes pasado cuatro de sus plantas de cerveza por la falta de cebada importada. Tras la suspensión de las operaciones de las plantas, Maduro lanzó el pasado primero de mayo la amenaza de que "planta parada, planta tomada por la clase obrera", y dijo que el empresario que detenga una fábrica será "castigado con la ley".

Los trabajadores de Alimentos Polar, filial de la corporación, anunciaron este lunes que los inventarios de maíz blanco, necesarios para producir la harina que se emplea para hacer la "arepa", que es el pan de los venezolanos, llegan hasta finales de este mes.

Asimismo, se abrió el camino para tomar acciones que permitan el restablecimiento y mantenimiento de las fuentes de energía eléctrica del Estado, con lo que se busca hacer frente a la crisis generada por la sequía de la represa que alimenta el mayor complejo hidroeléctrico del país.

El gobierno ordenó al ministerio de banca coordinar acciones con el Banco Central que permitan establecer "límites máximos de ingreso o egreso", así como restricciones a determinadas operaciones.
Maduro aprobó en enero pasado un primer decreto de emergencia económica que se extendió hasta la semana pasada.