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“Di los mejores años de mi vida para construir el edificio”

“Le pido a Dios que me ayude para que el Estado me pague lo que me debe”, dice Sayegh | Foto Wlliam Dumont

“Le pido a Dios que me ayude para que el Estado me pague lo que me debe”, dice Sayegh | Foto Wlliam Dumont

El inmueble fue objeto de adquisición forzosa por la Alcaldía Metropolitana en 2006, pero no pagó. En 2011 fue expropiado de nuevo 

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El abogado y constructor Leopoldo Sayegh, de 62 años de edad, ha recorrido un largo camino ante los diferentes organismos gubernamentales para que le reconozcan su derecho de ser indemnizado por el edificio San Juan Plaza, en la parroquia San Juan. El inmueble se lo expropiaron dos veces para la asignación de los apartamentos a programas oficiales de viviendas.

“El 9 de enero de 2006, la Alcaldía Metropolitana invadió el edificio antes del decreto Dotación de Viviendas para Damnificados de Vargas, que salió el 24 de ese mes”, señaló. Para entonces la obra estaba casi lista y varias personas ya habían reservado los apartamentos, a quienes les devolvió el dinero: “No era correcto decirles que les pagaría cuando el gobierno cumpliera conmigo”.

El 5 de abril, a través de su empresa Promotora Lesa C.A, Sayegh firmó un arreglo amigable con la alcaldía para venderle el edificio. Sin embargo, no lo indemnizaron pese a que se cumplieron todos los requisitos de la Ley de Expropiación: nombramiento de peritos, avalúos, aceptación del precio por ambas partes y la correspondencia (en septiembre de 2006) enviada por el procurador de la alcaldía, Juan Badell, a la Secretaría de Finanzas para que preparara el pago.

En 2010 solicitó en el Tribunal Supremo de Justicia la desafectación del inmueble, pero la Alcaldía Metropolitana le pidió desistir de la demanda judicial, y lo hizo, para firmar un arreglo que no se concretó. El 24 de mayo de 2011 el edificio fue nuevamente expropiado en cumplimiento del decreto 8249 referido a la ejecución de viviendas dignas para el pueblo caraqueño, publicado dos días después en la Gaceta Oficial 39682.


Plan truncado. Al abogado le tomó 16 años la construcción del conjunto San Juan Plaza en el terreno de su propiedad. Explicó que desistió del crédito bancario cuando las tasas de interés se dispararon a finales de la década de 1980, por lo que decidió ejecutar el proyecto con sus propios medios.

La obra la hizo por etapas: primero los locales comerciales para con el alquiler seguir financiando la parte de las viviendas que estaban a punto de ser ocupadas por los compradores cuando la invasión de enero de 2006. “Dí los mejores años de mi vida para construir el edificio”, recordó.

En 2008 el constructor intentó nuevamente otro desarrollo, que se llamaría Residencias Vista Mar, en Playa Grande, estado Vargas, donde tenía cuatro parcelas por herencia familiar e hizo el movimiento de tierra para construir en cuatro etapas 140 viviendas con vista al mar.

El plan fue truncado en agosto de 2011 cuando en el lugar se metió la milicia con la orden del presidente Hugo Chávez de expropiar los terrenos para la construcción de viviendas dignas para el pueblo. “Da tristeza ver que en el espacio de las parcelas solo fueron edificadas 14 casas”, dijo.

Dentro de las diligencias para lograr la indemnización correspondiente por las parcelas expropiadas, el abogado acudió a la Oficina de Proyectos y Planes Especiales, OPPE, de la Presidencia de la República, donde le aseguraron que le iban a reconocer su derecho al pago de acuerdo con el avalúo.

En septiembre de 2012 lo invitaron, junto con otros propietarios expropiados en Vargas, a un acto transmitido por VTV para suscribir el acuerdo amigable con Farruco Sesto, encargado de la OPPE, pero hasta ahora no ha sido indemnizado.

Ante tantas vicisitudes  Sayegh dijo: “Le pido a Dios que me ayude para que el Estado me pague lo que me debe”. Agregó que las expropiaciones mermaron el patrimonio familiar y quedó sin trabajo, por lo que actualmente mata tigres como abogado y administrador de inmuebles.

Invasión
Leopoldo Sayegh también enfrenta la toma ilegal de los locales comerciales del edificio San Juan, sobre los cuales el gobierno lo reconoce como propietario. “En junio de 2011 un grupo de extraños, encabezado por la señora Meury Tovar, tomó con violencia la parte comercial”, dijo.

Agregó que entre los locales comerciales está la oficina de Promotora Lesa C.A., y que los invasores obligan a los arrendatarios a que les paguen a ellos, pese al informe de la Contraloría Jurídica de la Vicepresidencia de la República que indica: “La obligación que tienen los inquilinos de pagarnos los cánones de arrendamiento y la posibilidad de ejercer acciones legales contra quienes incumplan este deber”.