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Desapareció producción de caña de azúcar en los Valles del Turbio

La intervención de tierras alejó las inversiones y las fincas afectadas en 2008 no fueron pagadas. Productores critican proyectos agrícolas del Gobierno

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Los productores aseguran que la intervención de los Valles del Turbio, en el estado Lara, acabó con la producción de caña de azúcar en la zona y alejó las inversiones que estaban previstas. A más de 4 años de la toma de 2.408 hectáreas y 29 fincas, el presidente de la Sociedad de Cañicultores de la entidad, Carlos Pérez, afirma que el resultado es negativo.

“El balance que podemos hacer es que a raíz de la intervención no se ha podido aumentar la producción de caña de azúcar y el Central Azucarero Río Turbio, que antes molía 850.000 toneladas, ahora apenas muele 411.000 toneladas, de las cuales sólo 280.000 toneladas fueron de caña del estado Lara. Las demás eran de Portuguesa, Barinas y hasta de Cojedes, que como no tienen espacio en otros centrales desvían la caña para el Turbio”. relató.

Agrega que ante la caída de la siembra de caña en Lara, el Gobierno prometió invertir 82 millones de bolívares en el Central Pío Tamayo, en El Tocuyo, para elevar la capacidad de procesamiento y desarrollar nuevas áreas de siembra. Sin embargo, el plan no se ha cumplido. Recordó que en la zona estaban sembradas casi 2.000 hectáreas de caña, que se suman a las 15.000 hectáreas que desaparecieron del estado Yaracuy por invasiones, quemas e intervenciones. Esto le ha restado materia prima a los centrales privados y públicos.

Los cañicultores señalan que es necesario sembrar 3.000 hectáreas de caña  en Lara para poner a producir a máxima capacidad el Central Río Turbio. “Eso podría darle cerca de 300.000 toneladas de caña. Este central para llegar a una producción óptima necesita moler 750.000 toneladas como mínimo, y sólo molió 411.000. ¿Pero con amenazas de intervención de tierras cómo se invierte? Tampoco se ha aplicado el plan azucarero nacional a 7 años para expandir el cultivo como se prometió”, dice Carlos Pérez, presidente de Soca Lara.

Afirma que la siembra de maíz, sorgo, girasol, hortalizas y tubérculos que ha hecho el Gobierno en las tierras tomadas de los Valles del Turbio no ha dado frutos efectivos ni rendimientos importantes. “Han sido siembras hasta extemporáneas. El girasol que se sembró fue en plena época de lluvias y no dio buen rendimiento”.

 

Contra la propiedad. Manuel Cols, experto agropecuario y ex presidente de Fudeco, Fundación para El desarrollo de la Región Centro Occidental, señala que la medida tuvo como objetivo exterminar la caña de azúcar y arruinar a los productores. “Las haciendas confiscadas han sido entregadas a manos inexpertas. El resultado es un rotundo fracaso, unas caraotas sembradas con un alto costo, siembras de quinchoncho, parchitas, lechosas que no fueron eficiente y se perdió la cosecha de tomate y pimentón, lo que generó que se llevaran camiones con los cultivos dañados que fueron botados en el río claro”.
Luis Eduardo Sigala, propietario afectado con la intervención de la finca Santa Rita y La Pastora, afirma que la medida del Gobierno destruyó en menos de 4 meses todos los cultivos de caña que tenían en las unidades de producción. “Teníamos en el área agrícola 110 hectáreas más 9 hectáreas sembradas. Han pasado más de 4 años y no hemos recibido el pago de la finca ni de las bienhechurias”.

Sigala refiere que cuando se intervino su propiedad no sólo tomaron las tierras, sino también una casona que era de la familia y no han recibido pago alguno. “Se demostró la cadena titulativa de tierras, pero el Gobierno no aceptó e intentaron la medida de declaratoria de tierra ociosa y otra de rescate. Se introdujeron recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia y aún se sigue un proceso legal contra la confiscación de las tierras”.

Alfredo Arévalo, dueño de la hacienda Guacabra de 400 hectáreas, que también fue intervenida en 2008, señala que el Ejecutivo acabó con toda la caña sembrada. Recordó que lograron producir 30.000 toneladas de caña de azúcar que eran destinadas al Central El Turbio. “Esa finca fue campeona productora de azúcar y con un patrimonio de casi 100 años, fundada por mis abuelos. Nos tocaba a la tercera generación mantenerla productiva, pero lamentablemente nos las arrebataron”.

Indica que posee toda la cadena titulativa y cédulas reales que certifican la propiedad. Pero estos documentos fueron omitidos por el Gobierno, que tampoco reconoce el pago. Se emitieron tres decretos de intervención de las tierras y se cerraron las posibilidades de crédito para los agricultores de la zona. Además, les negó el derecho de certificado de finca productiva como se establece en la Ley de Tierras.

Miguel Soto, ingeniero agrónomo, y abogado de los afectados, considera un fracaso la intervención de los Valles del Turbio. “Esas tierras no sirven para ningún proyecto agroecológico ni agroambiental, sino para un plan ambientalista y forestal porque carece de agua superficial.

Allí lo que hubo fue un abuso de poder del Gobierno que desconoció la propiedad y la ocupación de esas tierras”.