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Critican negativa del gobierno de acatar recomendación de la OIT

Voceros gubernamentales han expresado que no aceptan la mesa de diálogo tripartito con apoyo técnico del organismo internacional, dijo el sindicalista Serbando Carbone

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La Unidad de Acción Sindical y Gremial deplora las declaraciones de representantes  gubernamentales y de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores mediante las cuales desconocen la implantación en Venezuela del diálogo social tripartito recomendado el 27 de marzo por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo.

“El gobierno y su apéndice sindical insisten en incumplir el convenio 144 de la OIT, suscrito por Venezuela sobre el diálogo tripartito”, reiteró Serbando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores integrante de la Unidad de Acción Sindical y Gremial.

El dirigente de la Unete recordó que una vez conocida la decisión del Consejo de Administración “el oficialismo se ha dado a la tarea de descalificar el diálogo social tripartito” a través de sus voceros como los directivos de la Central Bolivariana Socialista, Wills Rangel y Carlos López, y del viceministro del Trabajo, Elio Colmenares.

Carbone señaló que las autoridades venezolanas “apelan a su ajada actitud de presunta víctima y, entre otros alegatos, han dicho que la resolución de la OIT es una manifestación clara del poder imperial”. Aseguró que el gobierno se contradice cuando afirma que impulsa un diálogo pero niega a los dirigentes sindicales no afectos la posibilidad de la recomendación del diálogo social entre el Ejecutivo, empleadores y trabajadores con el apoyo técnico de la OIT.

La 350ª reunión del Consejo de Administración, celebrada en Ginebra, Suiza,  sugirió al gobierno venezolano con base en el informe de la Misión de la OIT que estuvo en el país del 27 al 31 de enero pasados, y donde conoció sobre las violaciones de los convenios 144 y 87 y 98 sobre libertad sindical y contratación colectiva.

Carbone refirió que la misión escuchó los testimonios de las víctimas de la criminalización de la protesta, por la que más de 200 sindicalistas y trabajadores están sometidos a juicio bajo régimen de presentación judicial, lo cual lesiona el derecho a la huelga.