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Cámaras de Comercio se pronuncian sobre situación venezolana

En un comunicado conjunto, varias cámaras de comercio expresaron su rechazo a la violencia “como medio para dirimir las diferencias”, así como al “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para intentar controlar las manifestaciones de calle”. Asimismo dejan sentada su postura sobre la actuación del Gobierno frente a la crisis de abastecimiento por la que el país atraviesa

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Las Cámaras de Comercio de varias localidades de Venezuela emitieron un comunicado conjunto para dejar sentada su posición ante los hechos ocurridos en el territorio nacional durante las últimas semanas.

En el texto, las cámaras de comercio de Caracas, Valencia, Cumaná, Carúpano, el municipio Valdez (Sucre), Mérida, Puerto Cabello y Vargas emitieron su opinión sobre la forma como el Gobierno ha actuado frente a las protestas sucedidas en las últimas semanas, los hechos de violencia que han dejado varios muertos y heridos, el proceder del Ejecutivo ante el desabastecimiento, la manera como se intenta combatir la inseguridad y el modelo económico que se intenta implantar en Venezuela.

El comunicado indica que “es inocultable que las protestas piden soluciones a situaciones concretas, como que 5 ciudades venezolanas se encuentran entre las primeras 50 urbes de más alto índice de criminalidad y asesinatos en el mundo”. También se emiten críticas al Gobierno por el sistema de abastecimiento seguro que está poniendo en marcha en la red de abastos y mercados estatales.


A continuación, el texto completo del comunicado:


Ante la situación del país

Las Cámaras de Comercio de Caracas, Valencia, Cumaná, Carúpano, Municipio Valdez, Mérida, Puerto Cabello y Vargas,  se pronuncian:

1.       La actual situación de conflictividad social es el resultado de un conjunto de políticas económicas y sociales erradas. El socialismo del siglo XXI ha sembrado odio, división y resentimiento, sin resolver y agravar la inseguridad ciudadana, inflación y escasez. Paulatinamente ha construido un clima de impunidad y totalitarismo que ha desvirtuado las válvulas institucionales, hasta obligar a muchos ciudadanos a participar en protestas pacíficas, porque no encuentra ningún otro camino para hacerse oír. 

2.       Rechazamos la violencia como medio para dirimir las diferencias y  el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para intentar controlar las manifestaciones de calle. Rechazamos el abandono de garantías y derechos constitucionales a los detenidos por participar en manifestaciones. Exhortamos al respeto incondicional de los derechos humanos, el respeto a  la vida, el debido proceso y el uso de medios lícitos y de aceptación universal para controlar manifestaciones públicas. Rechazamos categóricamente  la tortura y tratos degradantes.

3.       El derecho a manifestar tiene rango constitucional. Es un mecanismo pacífico y democrático para llamar la atención del gobierno y exigirle rectificación y diálogo. La sociedad venezolana exige un ambiente político sin odios ni exclusiones, una economía que permita realizar los sueños de prosperidad de cada uno, y condiciones de seguridad ciudadana que permitan pensar que la vida es una expectativa confiable y no un resultado azaroso.

4.       El gobierno debe atender el clamor social y disponerse al diálogo para la rectificación, con agenda y condiciones de participación previamente acordadas, en las que el reconocimiento y el respeto estén plenamente garantizados. Un diálogo respetuoso y sereno no es la  oportunidad para que el gobierno demuestre una posición de dominio. Todo lo contrario, es el gobierno quien está obligado a dar señales de rectificación y compromiso con la paz. En tal  sentido debe  resolverse previamente, y como señal de buena voluntad, la liberación de todos los jóvenes y estudiantes presos, y con ellos una agenda de liberación de los presos políticos. El diálogo nunca será fructífero si se mantienen las condiciones de injusticia que ha sido motivo de las protestas ciudadanas.

5.       El diálogo social, para ser  productivo tiene que  generar soluciones y construir compromisos para el cambio. La inseguridad ciudadana tiene que atacarse en sus causas. El gobierno debe comprometerse a combatir la impunidad, trabajar para restablecer el estado de derecho y construir una agenda verificable para el desarme de los grupos paramilitares y unidades de batalla socialistas que actúan al margen de la constitución.

6.       El gobierno ha promovido  la ruina social a través de una  economía socialista. Los controles de divisas, costos, precios y utilidades y una legislación laboral inconsulta han traído consigo la escasez, la inflación, la desinversión, la desconfianza y el desempleo. La crisis económica se ha gestado por  malas decisiones y la vulneración sistemática de los derechos de propiedad de cada ciudadano. El desabastecimiento es el resultado del  colapso del control cambiario y  la negación sistemática de la libertad de  empresa; su cerco a través de leyes, reglamentos, normas y disposiciones han agotado los inventarios de las empresas. Estamos viviendo el colapso de la economía, y esto es lo que ha provocado insatisfacción social y los problemas de gobernabilidad que hoy sufrimos todos los venezolanos. Por la escasez y la inflación protestan hoy los ciudadanos venezolanos en todo el país.

7.       Nos preocupa el cerco a la libertad de prensa, la censura, las presiones indebidas que promueven la autocensura, el mal manejo de la ley RESORTE y las dificultades crecientes que tiene la prensa para conseguir la materia prima que necesita para seguir en la calle.

8.       El gobierno se equivoca si cree que la mejor forma de combatir la escasez es mediante la institucionalización del racionamiento y no mediante el estímulo al espíritu emprendedor del venezolano. Necesitamos más empresas y menos regulaciones y obstáculos para la producción y el consumo. De igual forma se equivoca el gobierno si cree que la mejor forma de llevar adelante la economía es mediante la trama de tipos de cambios controlados que ahora está instrumentado. Tres tipos de cambio oficial y el paralelo, ahora reconocido, solo provocan menos capacidad de cálculo económico, mayores incentivos para la corrupción, menos condiciones para la sana competencia y, lo peor, una ventanilla a la devaluación constante que es concomitante con el aumento del costo de la vida y la extensión de esa pobreza que se produce por no tener suficiente para comer bien, y vivir decorosamente. Esta devaluación sin compromiso de enmienda no es una solución a los problemas del país sino su profundización.

9.       Preocupa que el gobierno ni  rectifique ni muestre el sentido de urgencia que exige  la  crisis que vivimos. Es inocultable que las protestas piden soluciones a situaciones concretas,  como que 5 ciudades venezolanas  se encuentran entre las primeras 50 urbes de más alto índice de criminalidad y asesinatos en el mundo; y que la inseguridad económica ha colocado a Venezuela como uno de los 2 países con mayor tasa de inflación en el mundo; que la vida se ha vuelto insufrible gracias a la ineficiencia e interrupción continua de la prestación de los servicios públicos. Los ciudadanos exigen, por ejemplo, calidad en el suministro de la electricidad, agua y  gas. Los venezolanos quieren rectificación para vivir civilizadamente con buenos servicios, sin colas, sin racionamientos y sin corrupción. 

10.   Estamos convencidos que si el modelo económico y social previsto en el Plan de la patria no se rectifica en sus premisas, provocará inexorablemente la  destrucción vertiginosa de lo que queda del aparato productivo nacional y consiguientemente la destrucción de las fuentes de empleo. El gobierno debe acatar el mandato constitucional que establece límites precisos a sus atribuciones reguladoras, y le exige trabajar para promover la iniciativa privada, la producción de bienes y servicios y la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria.  Sin empresa privada no es posible pretender empleos productivos, pero tampoco es posible vivir en libertad. El Plan de la patria no puede ser  la bitácora para destruir la economía, desestabilizar la sociedad y desmantelar la constitución.

11.   Hacemos un llamado al gobierno para que tome debida nota de lo que planteamos. La paz y el progreso solo se pueden lograr transitando el camino de la justicia y la plena vigencia del estado de derecho.


A los once días del mes de marzo de 2014.


Fernando Eseverri
Presidente
Cámara de Caracas

 

Gustavo Sosa I.
Presidente
Cámara de Comercio de Valencia

     

Ricardo Morgado G.
Presidente
Cámara de Comercio de Cumaná

 

Marcos Delgado
Presidente
Cámara de Comercio de Mérida

      

Jose Manuel Rodríguez
Presidente
Cámara de Comercio Puerto Cabello

 

Eduardo Quintana
Presidente
Cámara de Comercio de La Guaira

 

Alberto González
Presidente
Cámara de Comercio e Industrias Carúpano

 

Adalgiza Cabello
Presidenta
Cámara Comercio Industria y Producción
Municipio Valdez