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Calógero Alotto: “He vivido un calvario frente a la indolencia oficial”

Alotto asegura que el desalojo del terreno fue ilegal | FOTO William Dumont

Alotto asegura que el desalojo del terreno fue ilegal | FOTO William Dumont

El 15 de diciembre de 2010 en la noche el comerciante fue expulsado de su local. Más de cinco años después el gobierno no lo ha indemnizado

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A más de cinco años de que el gobierno le expropió el terreno donde tenía el estacionamiento y el autolavado con el cual mantenía a su familia, Calógero Alotto todavía está a la espera de que el Ejecutivo le pague la indemnización correspondiente. El 15 de diciembre de 2010 en la noche fue expulsado de su propiedad, localizada en la esquina de Candilito en el centro de Caracas, por un grupo de milicianos con armas largas.

“El desalojo del terreno fue totalmente fuera de la ley de afectación de bienes de utilidad pública porque el decreto 6981, que ordenaba la expropiación de los inmuebles, salió publicado en Gaceta Oficial el 6 de enero de 2011”, recordó el propietario que forma parte de 1.200 dueños de estacionamientos, talleres mecánicos, autolavados y otros comercios de las parroquias de Santa Rosalía, Santa Teresa y Altagracia afectados por la estatización.

Alotto destacó que no le quedó nada del negocio, pues la maquinaria, las estructuras de hierro y otras bienhechurías se las llevó la empresa constructora del edificio de la Misión Vivienda de 12 pisos que hoy ocupa lo que fue su propiedad. “He vivido un calvario frente a la indolencia oficial desde que me expropiaron”, dijo.

Son numerosas las diligencias que ha hecho para que le reconozcan su reclamo. Además de los organismos del Estado, ha llevado su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le contestó el 28 de febrero de 2012, dos meses después de enviar la comunicación, y al papa Francisco (el 16 de agosto de 2013) que le respondió con palabras de aliento el 17 de septiembre del mismo año.

El largo periplo. Una vez publicado el decreto 6981, Alotto fue a la Procuraduría General de la República a suscribir un acta amigable para recibir la compensación económica correspondiente al avalúo, conforme al artículo 6 del decreto que en su artículo 2 dispone la adquisición forzosa de varios lotes de terreno en las parroquias de Santa Rosalía, Santa Teresa y Altagracia con la finalidad de “asignarlos a la construcción de viviendas dignas para el pueblo”.

La Procuraduría llamó a los afectados el 30 de mayo de 2011 para firmar en un acto los acuerdos. Los meses pasaron y en septiembre de 2012 les propusieron un nuevo arreglo amigable en el que, según otro decreto (el 9050), las autoridades fijaron un precio de 76% por debajo del avalúo original. “No firmé el documento porque la ley no puede ser retroactiva”, sostuvo.

El 23 de enero de 2014 acudió a la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales y se reunió con los funcionarios Cristóbal Francis y Lourdes Gámez. “Les manifesté que no tengo trabajo y que dependo del pago del terreno que compré con mucho sacrificio”.

Ante el silencio de la OPPE, un grupo de 19 expropiados de los estacionamientos llevó hace un año un escrito al Tribunal Supremo de Justicia, el cual emitió una referencia externa a Carol Urbina, de la Coordinación de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Procuraduría General de la República. El 14 de septiembre de 2015 le entregó la carta del TSJ a la funcionaria: “Me dijo que esa carta no la intimidaba a ella”.