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Asamblea engavetó expediente sobre irregularidades en Cerro Azul

Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional / AVN

Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional / AVN

A pesar de las denuncias, se aprobaron recursos adicionales para el proyecto que aún no se ha inaugurado

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Sólo 2 de las últimas 15 denuncias realizadas por la oposición contra el Gobierno fueron admitidas por la Comisión de Contraloría. Ambas están, casualmente, relacionadas con dos empresas de propiedad iraní: la cementera Cerro Azul, una promesa incumplida desde 2008, y la ensambladora Venirauto, con sus largas listas de espera para vehículos que nunca fueron entregados.

El primer caso surgió en noviembre de 2011, cuando el diputado Rodolfo Rodríguez, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, introdujo la solicitud de investigación de la planta cementera. La petición fue aprobada por el entonces presidente de la instancia legislativa, Héctor Navarro, y se designó una subcomisión para realizar las averiguaciones necesarias.

La instalación de la cementera Cerro Azul, acordada en 2005 y prometida para tres años después, lleva cinco años de retraso. La obra se encuentra envuelta en irregularidades. Su ejecución se dejó en manos de una empresa iraní, Edhasse Sanat, que operó bajo un convenio de transferencia tecnológica.

“Aquí tenemos la primera irregularidad. Las máquinas que trajo la empresa para la cementera eran de origen alemán”, indicó Rodríguez, lo que, según el parlamentario, contradice el principio de transferencia de tecnología iraní a Venezuela.

Durante la visita de la subcomisión, integrada por los diputados Erick Magos y Nancy Ascencio del PSUV, y Deyalitza Aray y Rodríguez, de la MUD, se observó la ejecución de inmensos trabajos de pilotaje, debido a que los suelos de El Pinto, estado Monagas, no eran aptos para soportar el peso de la construcción. “Los estudios de factibilidad estaban errados. Esto costó a la nación una gran cantidad de dinero”, dijo Rodríguez.

Adicionalmente, el diputado destacó que la caliza, materia prima para la fabricación de cemento, no se encontraba fácilmente accesible, tal como lo había determinado el estudio de suelo realizado por la compañía iraní.

Al problema se unen los conflictos laborales ligados a los salarios y las condiciones de trabajo y de seguridad industrial. “Los obreros no tenían casco, tapabocas, ni uniformes”, aseguró Rodríguez. Se generaron numerosos paros y protestas de los trabajadores, que atrasaron aún más la inauguración de la planta.

La subcomisión elaboró un expediente con lo que Rodríguez considera eran las pruebas necesarias para determinar responsabilidades políticas. Sin embargo, para que el caso pueda ser discutido en plenaria, es necesario que la subcomisión fije su posición, lo cual nunca ocurrió. 

“El expediente tiene cinco meses congelado en la Comisión de Contraloría”, manifestó. A pesar de las irregularidades, al año siguiente se aprobaron recursos adicionales para el proyecto y, hasta la fecha, a pesar de las presiones del Ejecutivo, no se ha inaugurado. Lo único que se ha logrado es la destitución de la junta directiva en noviembre de 2012.

Patio del olvido. El caso de Venirauto se admitió el mismo día que el de Cerro Azul, ambos gracias a los trabajos de investigación publicados en El Nacional. “Ese día tuve suerte”, recuerda Rodríguez.

En 2007, Venezuela firmó un convenio de transferencia tecnológica con Irán para la fabricación en suelo nacional de vehículos de bajo costo, bautizados como Turpial y Centauro. La planta se instaló en Maracay y se prometieron 16.000 unidades anuales, pero entre 2007 y 2011 se ensamblaron sólo 12.983, según datos ofrecidos por el presidente de la compañía.

La empresa fabricó 4.000 unidades con defectos, reveló el diputado. Las listas de espera eran de miles de personas y se presentaron casos de clientes estafados. “Se les solicitó reservas de dinero para adquirir vehículos que nunca recibieron”, dijo.

La irregularidad que motivó la denuncia, sin embargo, fue la existencia de alrededor de 1.000 vehículos abandonados en el patio de la empresa, en espera de partes faltantes. La intemperie comenzaba a tener efectos sobre las carrocerías. “Se nombró una subcomisión para que visitara el sitio. Había hasta matas creciendo de los vehículos”, detalló Rodríguez.

Esta vez se logró que comparecieran ante la comisión para ser interpelados el presidente de la empresa, el consultor jurídico, el jefe de seguridad y el jefe de ventas de la compañía. La junta directiva interpelada confesó que no tenía la capacidad de ensamblaje para atender la demanda. En diciembre de 2012 el presidente de Venirauto, Rafael Bolívar, fue removido y trasladado a Autoseat.

A pesar de las evidencias, la Subcomisión de Contraloría sigue sin emitir respuesta. “Hay suficientes elementos que determinan responsabilidades en el no cumplimiento de los acuerdos del convenio”, dijo Rodríguez. 

Pérdidas para la nación

Desde la firma del acuerdo para la instalación de la cementera Cerro Azul se han invertido en la industria más de 400 millardos de dólares. Un total de 18 millones de dólares fueron destinados a los trabajos de pilotaje no previstos que generaron el mal estudio del suelo en la zona de El Pinto, estado Monagas. Un nuevo estudio generó un gasto adicional 3,7 millones de dólares. Adicionalmente, se tiene información de que la cementera compra la materia prima, debido a que todavía no se tiene acceso a las canteras.

“Este es un ejemplo claro de que el Gobierno privilegia la relación que tiene con países antidemocráticos sobre los intereses de la nación”, dijo el diputado Rodolfo Rodríguez, miembro de la Comisión de Contraloría y responsable de la denuncia.