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Anauco solicita audiencia pública ante el TSJ en defensa del libre tránsito

Roberto León Parilli, presidente de Anauco | William Dumont/ El Nacional

Roberto León Parilli, presidente de Anauco | William Dumont/ El Nacional

Aseguran que recortes en la asignación de divisas para viajes al exterior y compras electrónicas cercenan derechos de los ciudadanos

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A los fines de solicitar la defensa del libre tránsito de los ciudadanos y de sus libertades económicas, Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud para que fijen la fecha de la audiencia pública de la demanda admitida el 20 de febrero de 2008, en contra de los recortes en la asignación de divisas para la realización de viajes al exterior y compras electrónicas.

Parilli dijo que han transcurrido 6 años desde que se introdujo la demanda, tiempo durante el cual se han producido nuevos recortes en la asignación de dólares, el más reciente el 23 de enero, y el tribunal no se ha pronunciado. “La providencia administrativa para la obtención de divisas publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria, cercena el derecho de libre tránsito y compras de los venezolanos”, aseveró

Indicó que hasta ahora lo que han obtenido del TSJ es retardo procesal y negación de justicia. “Estamos pidiendo que se respete el artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana, que se refiere al derecho al libre tránsito de los ciudadanos”, aseguró.

Destacó que hoy este derecho depende de políticas públicas y cada vez es menor. “Nuestra libertad de tránsito tiene un precio de 3.000 dólares al año y quines no tienen tarjeta de crédito, ni siquiera pueden ejercer este derecho porque un producto financiero es el que determina si un ciudadano puede viajar a tasa de dólar oficial o no”.

El representante de Anauco hizo un llamado al TSJ en el que piden que los dejen debatir públicamente los alegatos con representantes de la Procuraduría General de la República, el Centro Nacional de Comercio Exterior, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y por la parte demandante, 15.000 personas que están adheridas al caso.