• Caracas (Venezuela)

Economía

Al instante

Alianza Sindical Independiente: Resolución 1855 es engañosa

Organizaciones dudan si el gobierno tiene los recursos para pagar los salarios a los trabajadores trasladados

Organizaciones dudan si el gobierno tiene los recursos para pagar los salarios a los trabajadores trasladados

La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores afirmó que el trabajo es voluntario, pero la medida oficial señala un régimen transitorio obligatorio

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

La central de la Alianza Sindical Independiente rechazó la resolución 1855 del Ministerio del Trabajo, publicada en Gaceta Oficial el 22 del presente mes, la cual establece que las empresas deberán, de manera obligatoria, “prestar” a sus trabajadores para que laboren durante 60 días, prorrogables, en "aquellas entidades que son objeto de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción”, y aseguró que se trata de una “forma de trabajo forzoso mediante el reclutamiento de personal coercitivo y engañoso”.

En un comunicado, ASI señala que la resolución deja entrever que habrá riesgos de seguridad industrial para los trabajadores transferidos a las actividades del sector agroalimentario.

El texto de la medida dice: “Una vez cesada la suspensión tendrán (los trabajadores) el derecho de continuar prestando servicio en la entidad de trabajo originaria en las mismas condiciones de trabajo existentes para la fecha en que ocurrió aquella, salvo que por circunstancias de accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o enfermedad común resultare discapacitado para desempeñar las funciones inherentes a su puesto de trabajo”.

La alianza obrera denunció que el gobierno viola las recomendaciones de la 105ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, reunida en Ginebra, Suiza, en junio pasado, en la que se instó a las autoridades venezolanas a que genere e instrumente políticas “de empleo productivo y libremente elegido, en consulta tripartita a empleadores y trabajadores”, lo que no se dio en la resolución.

Carlos López, dirigente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, defendió la resolución del Ejecutivo y aseveró que el objetivo de la medida es activar el aparato productivo del país que está inactivo. “La resolución, como decreto del presidente, no es una esclavitud, es voluntaria. Los trabajadores que quieran moverse a trabajar para activar las empresas se mueven y tendrán sus derechos garantizados”, aclaró el dirigente.

Janet Piñango, del Instituto Nacional de Estudios Sindicales, afirmó que la medida “cosifica al ser humano” al tratar a los trabajadores como mercancía y ser prestados para cumplir labores no propias de su área y sin su consentimiento. “Los trabajadores tienen el derecho de decidir si quieren trabajar en un sitio o no”, añadió.

La dirigente abordó el tema de los recursos oficiales para cubrir los salarios de los trabajadores trasladados de las empresas privadas a las actividades agroalimentarias del gobierno. “¿La administración pública nacional tiene un presupuesto asignado o será que se desviarán fondos para cancelar el sueldo de estos trabajadores?”.