• Caracas (Venezuela)

Douglas Estanga

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El gobierno de los jueces

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El futuro de Venezuela está amarrado al botalón del TSJ; y, si el legislativo no cambia este órgano, el país no cambiará. Hay que cambiar el tablero donde se decide hoy el destino de la nación. Chávez lo entendió así. Por eso, amplió el número de sus salas, de 3 a 5; y, en lugar de disolverlo, diluyó a sus ocho miembros que le eran adversos, llevando el Tribunal de 15 a 32 magistrados. He aquí el quid del asunto. He aquí la solución.

Hoy Maduro cabalga sobre aquella doctrina. Nada de poderes autónomos. Previa jubilación prematura de magistrados en el TSJ, la Asamblea Nacional encabezada por Cabello le otorgó en navidad 13 magistrados sustitutos para el período 2016-2028. Entre ellos, el diputado negociador de la liberación del “pollo” Carvajal en Aruba, para la Sala Constitucional.

Fue precisamente esta Sala la que, en fecha 11 de febrero, sentenció una supuesta pifia parlamentaria al negar el Decreto 2.184 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario No 6.214, de fecha 14/01/16; mediante el cual, el Presidente Maduro declara la emergencia económica de Venezuela. Ya dicha Sala había declarado la constitucionalidad del instrumento el 20 de enero; y, dos días más tarde, la Asamblea lo había negado.

Ah, pero el asunto no quedó allí. A solicitud de algunas comunas y consejos comunales como mascarón de proa, los magistrados deciden en febrero que, conforme al artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Emergencia, la AN violó el debido proceso y la seguridad jurídica, al no pronunciarse dentro de las 48 horas siguientes a la publicación. No tomó en cuenta el juzgador el plazo de 8 días previsto en el artículo 7 del propio decreto presidencial. En razón de lo cual -visto que Maduro estipuló un plazo distinto al de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción- por qué la Sala Constitucional no procede a anular su decreto? Qué habría hecho el TSJ si la Asamblea Nacional hubiera aprobado este instrumento presidencial al octavo día? Habría aplicado igualmente el artículo 27 de la LOEE, y declarado extemporánea la aprobación de la AN?

En medio de este jaleo, el TSJ decide abrir el procedimiento de nulidad ex oficio contra el artículo 33 de la LOEE, el cual le resta señorío a los magistrados. Este dispositivo les ordena omitir todo pronunciamiento y declarar extinguida la instancia (“calladitos se ven más bonitos”) cuando la Asamblea Nacional niegue un decreto de estado de excepción. Para el procedimiento de nulidad se ha citado al Presidente de la AN. Yo enviaría a mi Consultor Jurídico. Ramos irá.

Aunque algunos dicen que los magistrados le echaron un vainón a Maduro, aprobándole ese decreto, su dictamen constituye un triunfo momentáneo para

un presidente huérfano de pueblo; quien, para suplir el calor de las masas, se apoya sobre sus hombros. Sin ellos se derrumbaría. Después de todo –dirá en su “yo” interior- a falta de pueblo, buenos son magistrados.

Por lo pronto, parafraseando al jurista francés Edouard Lambert, el de Maduro ha pasado a ser “el Gobierno de los Jueces”. Gobierno y decreto buenos para burlar la Ley de Presupuesto; disponer de más recursos sin necesidad de solicitud de créditos adicionales; zafarse de la Ley de Contrataciones Públicas (antigua Ley de Licitaciones); hacer importaciones sin controles en puertos y aeropuertos; crear más impuestos y multas; “bypassear” al BCV y al Cencoex para disponer de los dólares de una manera más laxa; expropiar empresas (verbi gratia, Polar); nacionalizar la banca o instituir otras medidas financieras limitativas del dinero de cada quien; militarizar industrias y comercios; y, en fin, instituir el gobierno del cheque en blanco. Así lo decidió el TSJ. Bienvenidos al Gobierno de los Jueces. Advertencia: Pérez Jiménez, Stroessner y Duvalier también tenían magistrados