• Caracas (Venezuela)

Danilo Arbilla

Al instante

Privilegios que no se delegan

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El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, no se calla. La semana pasado afirmó en entrevista concedida al semanario uruguayo Búsqueda que “el referéndum revocatorio no pertenece ni a Capriles ni a Maduro, pertenece al pueblo de Venezuela”.

Parece que no hay vuelta que darle al queso. Más claro, echarle agua. ¿Qué opinan al respecto los “mediadores”, autorizados y bendecidos por el chavismo, José Luis Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper y algún delegado del Vaticano, que hablan de sentarse a dialogar?

En este caso específico, ¿dialogar sobre qué? ¿Sobre si se aplica un precepto constitucional? Es como proponer un diálogo en torno al principio de apertura de toda Constitución democrática de que “todas las personas son iguales ante la ley”. Sobre esto no hay diálogo posible: nadie es más ni menos igual que nadie, aunque en la práctica algunas veces se dé, y las leyes no sean para los amigos y solo se apliquen –con todo el rigor, eso sí– a los adversarios, a los opositores, a los no complacientes.

El referéndum revocatorio no deja duda en la letra y mucho menos en cuanto a su espíritu. Fue puesto allí, y lo fue por el propio chavismo, como un derecho reservado a los venezolanos, un derecho que los ciudadanos no delegan, que no está en discusión ni es motivo de diálogo ni su aplicación depende de lo que decidan gobernantes u opositores, Maduro o Capriles. Está allí para ser aplicado, para ser cumplido. Es un “privilegio” (derecho o ley privada) de la gente. Es el derecho de revocar democráticamente a un gobierno que aunque electo democráticamente –concediendo bastante respecto a lo que fue la elección de Nicolás Maduro– en su acción se deslegitima como tal.

Almagro lo explicita muy bien en la referida entrevista: “La democracia no puede evaluarse solamente por cómo uno llega al poder; debe evaluarse luego por cómo uno se mantiene en el poder. Si usted se mantiene en el poder de una manera ilegítima, quitándole a la gente la posibilidad de decidir, entonces se transforma en un poder ilegítimo. Es una cuestión de principios”.

Y no hay otra salida: que lo decidan los ciudadanos. El referéndum, en el caso de los venezolanos, es la mejor fórmula, sobre todo porque de una forma u otra, un poco antes o un poco después lo van a decidir.

¿Para que poner “parches”?

Es un poco lo que les está pasando a los brasileños. El Tribunal Superior Electoral tenía elementos para anular las elecciones que llevaron a Dilma Rousseff (hoy separada) a la presidencia y a Michel Temer (hoy presidente) a la vicepresidencia. Tenía muchas pruebas de abuso de poder y de la aplicación de mecanismos que viciaban de nulidad el referido acto electoral, los que le permitían fundamentar su anulación y llamar a nuevas elecciones. No había solución más pertinente ni mejor para la crisis, que convocar a los ciudadanos para que eligieran un nuevo gobierno, para que decidieran y al tiempo se comprometieran y asumieran responsabilidad.

Pero se optó por otros vericuetos. Temer fue tan legítimamente electo como Dilma, pero, llegado el caso, también “tan ilegítimamente”. En materia de corrupción no tiene las mejores credenciales. En menos de tres semanas dos de sus ministros han renunciado por sus opiniones y o actuaciones en relación con el tema Petrobras. Las soluciones, como es lógico, no aparecen de un minuto para otro. Recuperar la confianza lleva su tiempo. La insatisfacción social sigue y la gente sale a la calle a protestar, pero ahora alentada por el PT de Lula y Dilma. Las urgencias de la hora no permiten a la gente discriminar sobre quiénes fueron los responsables de la crisis, quiénes desperdiciaron y no aprovecharon los buenos vientos de la economía y se embarcaron en un populismo demagógico y dilapidaron y usaron en beneficio propio los dineros públicos.

Piove, governo ladro.  Esta es la única verdad cuando las necesidades acucian.  En cualquier momento Lula y Dilma pasan a ser los buenos.

No todo se puede arreglar en los ambulatorios y con conversaciones de “alto nivel”, y menos cuando existe la chance de que los ciudadanos sean los que decidan.