• Caracas (Venezuela)

Danilo Arbilla

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Golpes de Estado según cómo y quién

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Nicolás Maduro no lo duda: la Ley de Amnistía que acaba de aprobar la Asamblea Nacional  para liberar a los presos políticos es un golpe de Estado.

No importa que haya sido aprobada por legisladores elegidos legítimamente.

Maduro, respetuoso de las normas, sin abusar de su poder y con su reconocido espíritu dialoguista –en el que tanto confía y respalda el papa Francisco– fue categórico: “Esta ley por aquí no pasa caballeros”. Muy bien por este demócrata progresista y bolivariano, fiel heredero de Chávez.

También se le ocurrió llamar a las organizaciones y grupos de choque chavistas para que, en “asamblea nacional”, recomienden qué hacer. Por ejemplo, recurrir al Supremo Tribunal o corte, para que decrete que la ley es inconstitucional. Los progresistas bolivarianos siempre tienen algún Supremo que obedece sin chistar.

Está claro: todo lo que no le viene bien al neoprogreismo populista y socialista es un  intento de golpe de Estado. El caso de Brasil es elocuente: la presidente Dilma Rousseff y su guía y líder Lula han centrado su defensa en que lo del juicio político es un intento de golpe de Estado. Lula, por ahora ministro sin cartera ni sillón y quien dice ser víctima de un complot de la prensa y agentes del Estado, ya lo decretó: “Defender el impeachment hoy es ser un golpista en este país”. 

No importa que los jueces de la Suprema Corte de Brasil (esta no obediente) y el colegio de abogados rechacen por falaz y hasta ridícula esa “interpretación” y que a su vez así lo entiendan los legisladores y hasta el vicepresidente de la República, elegidos tan legítimamente como Dilma. No importa, además, que todo surja y sea el resultado de investigaciones judiciales y legislativas sobre escandalosos casos de corrupción y por los cuales ya están en la cárcel políticos y empresarios, de todos los colores, pero fundamentalmente del oficialista Partido de los Trabajadores, seguidores, simpatizantes y en casos amigos y promotores de Lula. Tampoco importa que la presidente abusando de su poder le haya ofrecido un ministerio a Lula para protegerlo, fueros mediante, de investigaciones que lo involucran en operaciones nada claras que lo podrían llevar a prisión.

Si no está en la línea progresista-bolivariana, es golpe de Estado.

Los ejemplos abundan. Tal el caso de Manuel Zelaya cuando intentó hacer un plebiscito ilegal para continuar en el poder en Honduras. Tal instancia no estaba prevista en la Constitución ni en ninguna ley. Fue rechazada por la Corte Electoral, por la Justicia y por el Poder Legislativo. Pero Zelaya insistió y con urnas traídas desde El Salvador y listas confeccionadas en Venezuela intentó utilizar los cuarteles para “su” consulta popular. Y cuando las Fuerzas Armadas se negaron a violar las normas, Zelaya destituyó al comandante en jefe. Fue entonces que los militares, sin que ninguna institución se opusiera, sacaron a Zelaya. Y fue recién ahí, entonces, que se produce “un golpe de Estado”. Los atropellos de Zelaya a la Constitución y todas las normas no contaron para nada. “Deberían haberle hecho un juicio político”, argumentaron los que sintieron un poco de vergüenza.

¿Pero cómo un juicio político? Es lo que se le quiere hacer a Dilma y sin embargo ya de antemano se le califica de golpe de Estado. Algo parecido pasó con el presidente paraguayo Fernando Lugo, destituido mediante un juicio político. También en su caso y por tratarse de un miembro del Club “fue golpe de Estado” y Paraguay suspendido en el Mercosur. El hecho de que todo se haya ajustado a derecho y en estricto cumplimiento de la norma constitucional, no tiene ningún valor: si afecta a un “progresista” es golpe de Estado y es complot.

El ex presidente uruguayo José Mujica, uno de los protagonistas en el caso paraguayo, lo explicó claramente (*): “A veces es más importante una buena sintonía entre un grupo de presidentes que los mecanismos jurídicos que se hayan construido durante años. Y eso fue lo que pasó en el Mercosur”. Los que estuvieron en sintonía en aquel momento, además de Mujica, fueron Hugo Chávez, Cristina Kirchner y Dilma Rousseff. Según también contó Mujica el mensaje de Dilma fue concluyente: “Brasil necesita que Paraguay quede afuera del Mercosur para de esa forma apurar las elecciones en ese país”.

Mirá lo que opinaba Dilma en ese entonces y respecto al Paraguay. Ahora parece que no opina lo mismo respecto a la crisis que enfrenta su país y la cual, según muchos creen, podría superarse si “se apuraran las elecciones”.

 

(*) Una oveja negra al poder. Confesiones e intimidades de Pepe Mujica, de Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz. Editorial Sudamericana.