• Caracas (Venezuela)

Daniel Lansberg Rodríguez

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Daniel Lansberg Rodríguez

La piquiña de los seis años

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Esta semana, las elecciones legislativas y gubernamentales en Estados Unidos resultaron en una prevista pérdida de influencia política para los demócratas, el partido de centro-izquierda encabezado por Barack Obama. Sin lugar a dudas, esta pérdida de apoyo –la cual incluye una mayoría legislativa en el senado estadounidense, y la gobernación de su propio estado, Illinois– es consecuencia de una gran falta de confianza hacia el presidente y su agenda, por parte de los mismos constituyentes que previamente lo eligieron con alto nivel de entusiasmo y afán. Sin embargo, estos resultados electorales también tienen que ser vistos como parte de un fenómeno más amplio…

Resulta que, al menos desde mediados del siglo XIX, toda administración presidencial estadounidense, a través de ambos partidos, se ha visto similarmente afectada al llegar al sexto año en el poder. Los presidentes Grant (1874), Cleveland (1894), Wilson (1918), Franklin Roosevelt (1938), Truman (1950), Eisenhower (1958), Nixon/Ford (1974), Reagan (1986), “el Diablo” Bush (2006), y ahora Obama, todos han pasado por lo mismo. Durante este siglo y medio, la única excepción ha sido Bill Clinton en 1998 –se supone que sentimientos de rechazo popular hacia la oposición, tras la politización de las infidelidades personales del presidente, parecen haberle servido como escudo.

Según los científicos políticos, los factores detrás de esta curiosa tendencia tienden a ser cotidianos. Parece existir cierto menosprecio y displicencia entre los votantes, cuando –sin falla– las realidades actuales no dan la talla a las promesas electorales de la administración, incluso para las más exitosas. Además, durante el período inmediatamente previo a elecciones presidenciales, es bastante común que surjan los gastos del Estado para endulzar el panorama económico, y el apoyo público de la administración, durante su año electoral. Si la reelección se logra, esos gastos se reducen en los meses que siguen, ya que, con la meta alcanzada, las prioridades cambian, y la atenuación de dichos gastos –insostenibles al largo plazo– aminora el crecimiento económico restándole apoyo popular hacia el statu quo, el cual no se recupera antes de las próximas elecciones legislativas.

Se supone, tal vez, que factores como estos deberían reflejarse en América Latina. Sin duda, los venezolanos hemos vivido falsas promesas y malgastos electorales, muy de cerca, pero este fenómeno, “la piquiña del sexto año” –como se le dice en Estados Unidos–, no parece existir en nuestra región, y me pregunto, ¿por qué no? ¿Son los votantes latinoamericanos fundamentalmente diferentes a los del gigante norteño?

Me parece que la gran diferencia en realidad cae no sobre los votantes, sino sobre las elecciones en sí. La semana pasada, en mi artículo para este mismísimo medio, medité sobre el hecho de que, en toda América Latina, presidentes actuales –cuando no incapacitados constitucionalmente a postularse a reelección inmediata– casi siempre la ganan. En Venezuela esto siempre ha sido el caso, y solo existen dos excepciones históricas en la región entera: Nicaragua con Daniel Ortega en 1990, y República Dominicana con Hipólito Mejía en 2004. En contraste, la historia estadounidense está repleta de presidentes a los cuales los votantes le han negado, mediante las urnas, otro mandato, entre ellos: Bush padre, Jimmy Carter, Gerald Ford, y Lyndon Johnson (apenas en las ultimas décadas.)

Cuando la reelección no está asegurada de antemano, y los presidentes se quedan cortos ante los ojos de su pueblo, pueden perder su posición, eso les impone cierta separación psicológica entre “la presidencia” como cargo, “el presidente” como persona, y “el gobierno” como institución –algo que en América Latina, trágicamente, es poco común.

Miremos como ejemplo a Richard Nixon, quien bajo presión de su Congreso y la Corte Suprema se vio obligado a renunciar a la presidencia en Estados Unidos en 1974. La comunidad internacional aceptó lo ocurrido como un tema de separación de poderes, y nadie, ni el propio Nixon, lo caracterizó como un derrocamiento inconstitucional. Mientras tanto, cuando circunstancias similares obligaron a la expulsión de Manuel Zelaya en Honduras hace unos años, pocos en la comunidad internacional dudaron de que lo ocurrido había sido un golpe de Estado.

Por lo visto, según la opinión internacional, en nuestra región el presidente es el gobierno. Mientras que no existan poderes separados comprometidos con defender su independencia del Ejecutivo, y capacitados para hacerse respetar, las autoridades electorales, legislativas y judiciales seguirán siempre siendo apenas unos trazos personales de presidentes imperiales, y la democracia apenas un antifaz. Recuerden nuestras elecciones para la Asamblea en 2010, cuando el oficialismo disfrutó de múltiples novedosas maneras mediante las cuales mantener el presidente firmemente en control, a pesar de recibir una minoría de votos.

En cambio, tras la pérdida del Senado, Estados Unidos se enfrentará probablemente con dos largos años de parálisis gubernamental: las iniciativas del presidente Obama sumariamente rechazadas por un Congreso hostil y viceversa. Para un país desarrollado, el tener un gobierno parapléjico durante tan largo periodo es inquietante, por más que sea algo normal para presidentes en su sexto año. Pero para países como el nuestro, agobiados por círculos viciosos de auge y debacle, y montañas rusas de extrema izquierda a extrema derecha, me parece que representaría tal vez una agradable vacación.