• Caracas (Venezuela)

Daniel Lansberg Rodríguez

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Daniel Lansberg Rodríguez

Game of Drones, un capricho bolivariano

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Thornstein Veblen (1857-1922) fue un célebre sociólogo y economista quien en 1899 publicó su obra maestra, La teoría de la clase ociosa, la cual definió por primera vez los conceptos consumo ostensible y emulación pecuniaria. La idea fundamental es sencilla, miembros de la clase media buscan diferenciarse de la clase trabajadora a través de demostraciones públicas visibles de poder económico discrecional, adquiriendo lujos innecesarios para señalar una alta condición social, independientemente de su utilidad como tal.

Claramente, en Venezuela ya no queda mucha clase media, sin embargo, el consumo ostensible igual representa una parte fundamental de la vida dentro del “socialismo” de la República Bolivariana. Al caminar por ciertas zonas de Caracas y otras ciudades, uno nota la frecuencia con que encuentras ropa de marca (o falsamente de marca), e individuos cargando múltiples teléfonos móviles, a pesar del riesgo que puede traer la ostentación de riqueza, en un país donde el hampa actúa con impunidad. Hasta en las zonas populares suele existir esta misma tendencia. Durante más de un año que pasé trabajando en microfinanzas en Catia y Guatire, viví de cerca múltiples casos en que préstamos para negocios se vieron desviados para consumos de prestigio: como tener un buen whisky para los invitados en la fiesta quinceañera de una hija, o comprar un inmenso satélite de Directv para la choza.

El consumo ostensible igualmente desempeña un papel importante en los gastos e inversiones de nuestro gobierno, cuya afición a proyectos y adquisiciones altamente visibles, pero fundamentalmente innecesarios, resulta incontrovertible. A través de Petrocaribe, nuestros gobernantes invierten millardos en disfrazar nuestra república como si fuéramos verdaderamente una potencia mundial.

Venezuela es una nación que desde la Independencia jamás entró en guerra con otro país, pero que gasta fortunas adquiriendo y manteniendo armamentos innecesarios, solo para poder “tener” alguna versión –aunque sea anticuada o degenerada– de los mismos corotos que utilizan las fuerzas armadas de países más desarrollados. ¿Por qué necesita Venezuela tener submarinos para defensa? Los vecinos no los tienen, y cualquier potencia capaz de atacarnos a través del mar Caribe –una zona celosamente vigilada y patrullada por Estados Unidos– seguramente contaría con armamentos y logística para poder deshacerse rápidamente de nuestra oxidante docena de u-boots rusos, con propulsión diesel.

Tal vez esto es de esperar. Como nos diría Veblen, el ser humano por naturaleza tiende a gastar su dinero así en el momento cuando lo tiene. Pero hasta en este momento histórico, con nuestras rentas petroleras en caída libre, y el gobierno esforzándose a ver dónde encuentra la liquidez para pagar por lo menos algunas de sus deudas, este hábito de comprar juguetes de lujo parece estar demasiado arraigado para cambiar.

Tomen como ejemplo la nueva iniciativa del presidente Maduro para adquirir unos drones importados de Irán –un país únicamente reconocido por sus avanzadas tecnologías– con el fin de solucionar el grave problema de seguridad y delincuencia callejera en Venezuela. Recuerden también que hace apenas unos años, el régimen canalizó incontables millones en un proyecto muy parecido, para adquirir una flota de dirigibles policiales. De igual manera que los drones de hoy, estas maravillas tecnológicas –concebidas por el célebre inventor venezolano Juan Barreto– fueron presentadas delante del pueblo con gran fanfarria; unas varitas mágicas antihampa. Desde entonces el hampa solo ha empeorado, y jamás he escuchado que los balones mágicos fueron útiles en la prevención de un delito o en llevar a los responsables ante la justicia.

Sin duda, muchos países desarrollados han adoptado dichas tecnologías exitosamente, y bien reconozco su utilidad para naciones enfrentándose con carteles de drogas o insurrecciones en zonas remotas. Sin embargo, en Venezuela, narco-fabricas y campamentos guerrilleros representan acaso una infinitésima fracción de lo que es la crisis de inseguridad, un grave problema social plenamente exacerbado por la corrupción, los bajos salarios, una violenta retórica estatal respecto el conflicto entre clases y –sobre todo– una cultura de la impunidad total delante la ley. Para esa clase de problema no existen soluciones tecnológicas.

Con la solvencia de este país cada vez más en duda, ese reflejo automático de este gobierno –comprar mas corotos innecesarios– pasa de ser consumo ostensible a ser consumo insostenible. La crisis de seguridad en este país no tiene solución fácil, y deben existir maneras menos fastuosas de fingir hacer algo al respecto.