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Ecologistas argentinos vuelven a marchar contra papelera instalada en Uruguay

Ecologistas de la ciudad argentina de Gualeguaychú volverán a marchar hasta el puente internacional de San Martín, en la frontera con Uruguay, para protestar contra el aumento en la producción de la papelera finlandesa UPM (ex Botnia), informaron fuentes de la asamblea ambientalista de la localidad

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Junto a la marcha, que se iniciará a las 15.00 hora local, está prevista también una caravana naútica por el río Uruguay, que partirá del puerto de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, y recorrerá unos 30 kilómetros hasta la planta de celulosa, ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos.

Según los ecologistas, se trata de volver a protestar por la autorización del Gobierno uruguayo al aumento de la producción de la planta, pero también "contra el silencio por parte de los funcionarios argentinos". "Vamos a realizar unas dos o tres pasadas frente a la fábrica, con carteles contra la contaminación", explicó el asambleísta Raúl Almeida en declaraciones a los medios.

Además de la marcha de hoy, los ambientalistas evaluarán el próximo miércoles la posibilidad de tomar medidas para frenar el paso de los camiones que transportan los materiales para la papelera, como otra forma de presión contra la decisión adoptada por el Ejecutivo del presidente uruguayo, José Mujica.

El pasado 2 de octubre, Mujica anunció que autorizaba unilateralmente el incremento de producción de la papelera en unas 100.000 toneladas, la mitad de lo que UPM había solicitado, y bajo la condición de implementar nuevas medidas de protección medioambiental. La decisión motivó gran malestar en el Gobierno argentino, que ha amenazado con recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

La instalación de UPM en 2005 fue motivo del peor conflicto bilateral en décadas por el bloqueo que los vecinos de Gualeguaychú mantuvieron durante varios años en el principal puente fronterizo que une ambos países sobre el río Uruguay. Por este conflicto, Argentina recurrió en 2006 al tribunal de la Haya, que en 2010 determinó que la planta no contaminaba pero que Uruguay no había informado debidamente a Argentina sobre los detalles de la construcción.

El fallo ordenó, además, crear una comisión conjunta para vigilar y controlar la contaminación en el entorno de UPM.