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Amnistía Internacional pide investigar ejército mexicano por la desaparición de estudiantes

Un manifestante despliega el 11 de diciembre de 2014 en Teconapa, México, una pancarta con imágenes de los estudiantes desaparecidos / AFP

Un manifestante despliega el 11 de diciembre de 2014 en Teconapa, México, una pancarta con imágenes de los estudiantes desaparecidos / AFP

Unos estudiantes que sobrevivieron al ataque, que conmocionó a México y al mundo, y en el que murieron seis personas, han relatado cómo los militares negaron el auxilio a los heridos, les insultaron y accedieron violentamente a una clínica donde estaban ingresados algunos de ellos para detenerlos

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Amnistía Internacional (AI) denunció el jueves que la fiscalía mexicana ha fallado en su investigación sobre la "desaparición forzada" de 43 estudiantes y pidió investigar hasta el fondo las denuncias sobre la posible complicidad u omisión de las fuerzas de seguridad en el crimen.

Para Amnistía, existen preocupaciones por una "posible complicidad" del Ejército en la desaparición de los alumnos de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa (estado de Guerrero, sur) después de que fueran atacados a tiros por unos policías municipales y sicarios el 26 de septiembre en la cercana ciudad de Iguala.

"Es importantísimo que se tome seriedad sobre esas acusaciones, sobre todo porque Amnistía Internacional ha documentado en los últimos años un incremento en las violaciones a los derechos humanos cometidas por personal del Ejército mexicano", manifestó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, en una rueda de prensa en Ciudad de México. "No sería un caso aislado, existe un patrón que va desde la tortura hasta la desaparición forzada", resaltó.

Unos estudiantes que sobrevivieron al ataque, que conmocionó a México y al mundo, y en el que murieron seis personas, han relatado cómo los militares negaron el auxilio a los heridos, les insultaron y accedieron violentamente a una clínica donde estaban ingresados algunos de ellos para detenerlos.

La investigación de la fiscalía apunta a que el ataque fue ordenado por el entonces alcalde de Iguala -ya detenido- y que posteriormente los 43 estudiantes fueron entregados por unos policías al cártel local Guerreros Unidos, que presuntamente los ejecutó, incinerado y arrojado sus restos a un río por razones que aún no han sido completamente esclarecidas.

El prestigioso laboratorio de la Universidad de Innsbruck (Austria), que analiza los restos carbonizados que se pudieron encontrar, únicamente ha podido identificar a uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

Aferrados a la idea de que el resto sigue con vida, los padres de los jóvenes han insistido en que las fuerzas de seguridad saben cuál es su paradero y han querido rastrearlos en el interior de cuarteles militares. En uno de sus últimos mítines, incluso sostuvieron que los jóvenes están en manos del Ejército, algo que ha negado tajantemente el gobierno, que rechaza cualquier implicación de militares en este crimen.

Amnistía también pidió que se investiguen las denuncias de torturas hechas por unos detenidos del caso, principalmente de presuntos sicarios de Guerreros Unidos.

- "Crisis anunciada" -

El caso de Ayotzinapa, considerado uno de los peores crímenes de la historia reciente de América Latina, "ha cambiado la percepción distorsionada de que la situación de los derechos humanos ha mejorado en México desde que el presidente Enrique Peña Nieto tomó el poder", en diciembre de 2012, recalcó Amnistía en un comunicado también del jueves.

De hecho, esta ONG, con sede central en Londres, asegura que no ha habido avances importantes desde que algunos de sus representantes se reunieran en febrero de 2014 con Peña Nieto, advirtiéndole en un memorándum de las preocupaciones y medidas que debía tomar ante la grave situación del país, que vive "una de las peores crisis de derechos humanos de todo el hemisferio".

"Ese documento no era más que la crónica de una crisis anunciada (...) había señales claras de que el gobierno y las autoridades de México no estaban atendiendo la crisis de manera adecuada y no estaban priorizando la situación de seguridad y derechos humanos", dijo Guevara, asegurando que sólo se han tomado medidas "superficiales".

Pese a que la fiscalía ha detenido a casi 100 personas por el crimen, entre políticos, policías y sicarios, la ONG cree que la presumible masacre de los estudiantes hace más evidente la impunidad en torno a los más de 100.000 asesinatos y 23.000 desapariciones registrados en el país desde el inicio de "la guerra contra las drogas" en 2006. "La militarización (del combate al crimen organizado) ha sido uno de los elementos causales de esta crisis de derechos humanos", aseguró Guevara.