• Caracas (Venezuela)

César Pérez Vivas

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César Pérez Vivas

La violencia genética del chavismo

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Si algo ha quedado evidenciado, con los acontecimientos criminales y políticos de los últimos días, es la génesis y desarrollo del chavismo como un movimiento violento.

El brutal asesinato del joven diputado pesuvista Robert Serra, el tratamiento político que la cúpula roja le ha dado, y el enfrentamiento entre los líderes e integrantes del colectivo 5 de Marzo y la policía científica o judicial constituyen hechos indubitables, que muestran cómo la violencia forma parte del modo de ser de un segmento significativo de quienes se cobijan bajo las banderas del llamado socialismo bolivariano.

Desde el mismo momento de su aparición pública, el 4 de febrero de 1992, el chavismo ha llenado de sangre, muerte y sufrimiento la vida del pueblo venezolano. No es este un movimiento nacido a partir de un ideario, de una voluntad de cambio o de progreso para nuestra sociedad. Se trata, y los hechos así lo confirman cada día, de un movimiento político organizado por un grupo de militares golpistas, ambiciosos de poder, a quienes no les importó la vida de muchos seres humanos con tal de asumir la conducción de la república.

Como todo movimiento de esta naturaleza, justifican sus felonías con un discurso ético, de cuestionamiento al establecimiento político y económico existente, que luego la realidad deja al desnudo, al comprobarse con sus conductas el vaciamiento moral que les caracteriza.

El desarrollo posterior del chavismo siempre mostraba una amenaza permanente de recurrir a la violencia como fórmula para enfrentar los desafíos sociales y económicos de la sociedad. Casi que asumen la tesis de la “guerra como higiene social”, tan formalmente sostenida por los futuristas de comienzos del siglo XX, a partir de las propuestas del italiano Filippo Marinetti.

“Hay que freír la cabeza de los adecos en aceite”. “Esta es una revolución pacífica, pero armada”, “cuando el pueblo del oeste salga, no quedará piedra sobre piedra en el este”, y otras tantas más, pronunciadas por el difunto comandante Chávez, fueron haciendo mella en el subconsciente del colectivo rojo, que se sentía autorizado para ejercer la violencia contra toda forma de disidencia, pues así lo exige el bien de la revolución.

La violencia se ha expresado de diversas formas. La más recurrente, la violencia verbal. El asesinato moral del adversario. Descalificarlo y someterlo al escarnio público, utilizando para ello las tribunas institucionales del Estado, pero sobre todo usando campañas publicitarias a través de la poderosa red de medios públicos.

La violencia física ha estado presente a lo largo del proceso revolucionario.  Desde el comienzo del gobierno se organizaron grupos de choque para hostigar a quienes sostenemos posiciones divergentes. Aún recuerdo, íntegramente, “al pueblo” (grupos de empleados públicos) apostados a las puertas del Palacio Federal Legislativo, en los tiempos previos y posteriores a la Asamblea Constituyente de 1999. Dedicados de forma permanente a agredir a los parlamentarios opositores. Los voceros del régimen sostenían que ese era “el sentimiento de repudio del pueblo contra los representantes de la cuarta república”. Se trataba de grupos movilizados, siguiendo el libreto cubano, de “las turbas divinas de la revolución” que se encargaban de agredir y mancillar la dignidad de personas, claramente definidas como actores políticos y sociales de otras corrientes del pensamiento.

Luego vinieron “los círculos bolivarianos”, predecesores de los llamados “colectivos”. Ambas estructuras, formas de organización paramilitar, promovidas por el gobierno revolucionario con el fin de “defender la revolución” y hostigar, y de ser necesario eliminar físicamente a los adversarios.

Los hechos son más que evidentes. Ya no pueden ocultar esa realidad con el discurso de “promotores de paz”, de “servidores de las comunidades”.

En Venezuela el gobierno militarista-socialista ha tomado el camino de la violencia criminal para arremeter contra toda forma de disidencia. Se trata de grupos armados al margen de la ley, que usan armas de guerra, motos de alta cilindrada e instalaciones del Estado (como es el caso de la antigua sede de la Policía Metropolitana en Cotiza, Caracas) para lanzarlos contra el pueblo que ejerce el derecho a la protesta. El reciente enfrentamiento armado, ya citado, ha permitido a miembros de estos grupos paramilitares reconocer que durante las protestas del primer trimestre del presente año, conocidas como las guarimbas, se les utilizó como brigadas de choque para ir contra los manifestantes y lograr su neutralización.

El régimen, antes que recurrir a un manejo institucional en el marco del Estado de Derecho de este tipo de manifestaciones o protestas, prefirió recurrir a una violencia parapolicial y paramilitar para su sometimiento. Esta política está generando daños severos al tejido social del país. El chavismo, por su génesis violenta, ha venido pactando con sectores del crimen para convertirlos en sus aliados estratégicos. El discurso político, tanto de Hugo Chávez en su momento, y de sus colaboradores posteriormente, ha pretendido justificar, como parte de los problemas sociales, conductas criminales; y, en consecuencia, asumir una postura de indulgencia frente al hampa desatada en toda la geografía nacional.

Esa línea política ha permeado profundamente el sistema de justicia, y se ha convertido en praxis recurrente la indulgencia con criminales y la mano inflexible contra la disidencia política o de opinión. El resultado ha sido la impunidad galopante que vivimos, y el crecimiento exponencial de la violencia criminal, en todas sus formas.

Venezuela necesita superar este baño de sangre. Ello solo es posible con una conducción ética del Estado. Un Estado que no se vincule a criminales, que no les proteja. Un Estado que haga efectivo el “imperio de la ley” y no la complicidad con delincuentes. Ese es un desafío para todos los venezolanos de bien.