• Caracas (Venezuela)

César Pérez Vivas

Al instante

La justicia sometida y pervertida

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Si alguien en Venezuela, y fuera de ella, tenía alguna esperanza de encontrar una reserva ética y profesional en nuestro sistema de justicia, la reciente sentencia contra Leopoldo López y varios jóvenes estudiantes acaba de ratificar el profundo nivel de sometimiento y perversión que la misma presenta.

No se trata solo del nivel de obsecuencia de los jueces, admitiendo todo tipo de aberraciones, apenas apreciables con un análisis lógico sin tener que recurrir en profundidad a la ciencia jurídica; sino del abusivo, ilegal e inmoral proceder del Ministerio Público, que ha convertido dicha institución en una agencia aberrante de persecución contra toda persona que exprese y represente disidencia, pero en permisivo celestinazgo frente a una delincuencia desbordada, que estremece los cimientos de nuestra convivencia civilizada.

Leopoldo López, nadie lo duda, es víctima de un vulgar y descarado juicio político. El régimen ha tomado su caso como un instrumento destinado a causar diversos efectos sobre la sociedad democrática, y lo que logrado es un efecto contrario. Ha despertado una ola de indignación y solidaridad global.

Venezuela está llena de casos como el de Leopoldo. Su causa ha permitido desnudar el nivel de deterioro al que ha descendido todo el sistema de justicia.

Atrás quedaron los discursos de la Asamblea Nacional Constituyente, donde justificaron la razia de todos los jueces de entonces, en aras de ofrecer una justicia imparcial, profesional, y honorable. El barrido que en aquella ocasión se dio solo tenía como fin someter a la férrea voluntad del militarismo gobernante a la justicia. Lo lograron con creces. Hoy en Venezuela no hay un juez que se atreva a contradecir las directrices de cualquiera de los integrantes de la cúpula roja.

Cuestionar, discutir o disputar a algunos de los capitostes de la revolución bolivariana alguna conducta, un bien o un derecho es arriesgar la libertad y el patrimonio de cualquier ciudadano.

El sometimiento de los jueces no solo es a las órdenes de las altas autoridades nacionales, sino de los gobernadores, alcaldes y diputados oficialistas, que en muchos casos se han instalado en sedes judiciales para presionar decisiones en prejuicio de sus adversarios, o para buscar la impunidad de sus aliados.

La subordinación política de jueces y fiscales a las órdenes de los jefes del PSUV les garantiza estabilidad en sus funciones, y les deja abierta la oportunidad de hacer lo que estimen conveniente en las causas donde no está presente el interés político de sus jefes.

Es ahí donde se abre el campo para la más abierta corrupción de que se tenga noticia en nuestro sistema de justicia. Es cuestión de acercarse al mundo de los tribunales o las fiscalías, hablar con los abogados y familiares de personas procesadas, para enterarse de una noticia más alarmante que la otra, respecto al nivel de corrupción a la que ha sido llevado el sistema de justicia.

Si la causa no reviste interés político, entonces se convierte en la oportunidad para que magistrados y fiscales se lucren indebidamente. Cualquier medida, decisión interlocutoria o definitiva es tasada. Casi todo se cobra en el mercado de la justicia socialista. Como en todo segmento de la sociedad, existen honrosas excepciones. Aún hay personas honorables que actúan con rectitud, pero lo común, lo que se conoce en casi todos los niveles y áreas de nuestra justicia revolucionaria y servicios conexos, es una brutal corrupción.

Además de la perversión que la impunidad, la politización y el dinero han generado en la justicia, se presenta una abismal incapacidad de los profesionales seleccionados para cumplir las delicadas tareas de su aplicación.

El nivel de conocimientos de muchos fiscales y jueces es alarmante. Uno no entiende cómo esos funcionarios pueden tener un título de abogado, y cómo se les acepta en dichas funciones. Solo por la necesidad de contar con funcionarios obedientes a los dictámenes del poder se permite el ingreso de tantos ineptos, cuya conciencia en su limitación los lleva a aceptar cualquier orden que se les imparta.

Por otra parte, se ha llegado a un nivel de distorsión de instituciones procesales que, sin el menor rubor, se aplican sentencias para condenar hechos que no encuadran en los tipos penales aplicados, o solicitar medidas e impulsar actuaciones que distorsionan de manera absoluta su naturaleza.

Una de esas distorsiones es la relativa a la aceptación de hechos en los procesos penales. En aras de lograr una justicia expedita, se consagró esta figura en nuestro proceso penal ordinario. La misma se ha convertido en un instrumento de extorsión institucional. Fiscales y jueces, buscando trabajar lo menos posible, han hecho de esta figura un mecanismo mediante el cual se han cometido todo tipo de injusticias. O aceptan los cargos fiscales, o los procesados son sometidos a una indefensión total. Rechazarle los cargos a un fiscal es una agresión que se paga muy caro en el foro. De modo que en busca de rendimientos estadísticos y de evitar estudiar e investigar, el camino fácil de la aceptación de los cargos, por la vía de una presión inmoral, se ha convertido el método eficiente para terminar de manera injusta miles de causas en todo el país.

De igual forma actúan otros entes con potestades sancionatorias. El mejor ejemplo, el sistema de control fiscal. El mismo solo existe para perseguir y sancionar opositores o disidentes de las filas oficiales. La inhabilitación política se ha convertido en el emblema de su injusticia y de su arbitrariedad.

Venezuela necesita recuperar todas sus instituciones. Recuperar la esperanza y la alegría. Para ello es menester, recuperar en primera instancia esta justicia sometida y pervertida.