• Caracas (Venezuela)

César Pérez Vivas

Al instante

La incómoda Constitución

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Con una sobredosis de hipocresía y manipulación, la cúpula gobernante “celebró” los quince años de  vigencia de la Constitución de 1999.

Desde hace ya largo rato, la vigente Constitución venezolana, le resulta tremendamente incomoda a quienes mal conducen la nave del estado. Y para ser honestos, no termina de ser la constitución democrática que muchos ciudadanos desearíamos tener. De modo que esta constitución, no goza del mejor  aprecio, de los principales actores de la vida nacional. En todo caso es la carta política que tenemos, y en base a sus normas, debemos conducir nuestra vida como sociedad.

El oficialismo cada día se siente más constreñido con la actual carta política, pues en su ruta hacia el autoritarismo, muchas de sus normas se han convertido en un obstáculo, para cuya violación ya no se guarda ninguna forma.

Ya su propio mentor, el  extinto comandante Hugo Chávez, había mostrado su desprecio por la misma. No de otra forma, se puede entender el empeño puesto de manifiesto en el proyecto de reforma impulsado en el año 2007, feliz y sabiamente rechazada por la mayoría de la nación, en el referéndum de diciembre de ese año.

El proyecto de reforma constitucional presentada por el entonces presidente en 2007,  era el salto a “la dictadura del proletariado”. Era la confiscación de derechos y valores fundamentales de las democracias modernas, que no podían eliminarse en los albores de la llamada “revolución bolivariana”; y cuya supresión, Chávez estimó había llegado el momento, con su ratificación presidencial de 2006.

A partir de esa reelección presidencial, la cúpula roja, mostró en todo su esplendor su vocación autoritaria, al impulsar una legislación de corte antidemocrático, para desarrollar en leyes, preceptos ya negados con la fallida reforma constitucional; y avanzar en el control hegemónico de los poderes públicos, para lo cual le resultó altamente favorable, la errática decisión de los partidos democráticos de no participar en las elecciones parlamentarias de 2005. La victoria electoral del oficialismo en las elecciones regionales del 2008,  le dieron un nuevo aliento al comandante Chávez, para sacar adelante la enmienda constitucional, que le abría las puertas a su reelección indefinida. Con todo ese andamiaje político,  se dio rienda suelta  a una política cada vez más antidemocrática. La gestión del gobierno y los actos del poder,  se fueron desarrollando con mayor descaro al margen de expresas normas constitucionales. Ahí está el germen de la espantosa crisis económica, política y social a la que hoy asistimos.

Si Chávez, Maduro, ministros, parlamentarios, magistrados, rectores, y demás autoridades de los poderes públicos, cada uno en su turno, hubiesen sido celosos guardianes de las normas constitucionales, nos hubiésemos ahorrado la tragedia del presente, y sus lamentables consecuencias en los años por venir.

Por eso esa celebración del aniversario de la Constitución ha sido el evento de mayor hipocresía política de los últimos tiempos, sobre todo, si tomamos nota de la burda maniobra con la que otra vez, en abierta contradicción con esa “despreciada” carta magna, se ratifican en instituciones fundamentales del Estado, como  el CNE, la Fiscalía, la Contraria y el TSJ, a quienes no reúnen más requisito, que la sumisa subordinación a la cúpula roja.

Por el lado de quienes no compartimos el proyecto autoritario, en ejercicio del poder, la actual constitución nos resulta, por otras razones, también incómoda; pues más allá de la cacareada carta de derechos, la estructura de poder en ella consagrada, favorece abiertamente el caudillismo autoritario, debilita al parlamento, consagra un federalismo raquítico, y por ende termina consagrando una democracia chucuta.

En efecto, la Constitución de 1999 estableció un presidencialismo exagerado, hasta el punto que un presidente de la República resulta uno de los gobernantes más poderosos del hemisferio occidental. Se trata de un jefe de gobierno, que además de jefe de Estado, puede asumir, como en efecto ha ocurrido,  sin limitación alguna, el poder de legislar; y de designar, sin ningún control real, los mandos militares, así como todos los ascensos del personal de la Fuerza Armada. Ya eso de por si constituye un cúmulo de poder demasiado elevado, para colocarlo en manos de una sola persona, por muy sabia que se le pueda considerar.

En desmedro de la democracia, la vigente carta política, consagró un parlamento raquítico, débil, hasta el punto, que lo redujo en su representatividad, y le impuso la posibilidad de renunciar a su principal razón de ser, que no es otra, que la de dictar las leyes de la República.

Ya llegará la hora de enmendar esos entuertos. Por ahora, nuestra tarea es la de educar al pueblo venezolano, respecto de la naturaleza de sistema político, que en abierta violación a la Constitución, ha establecido el militarismo de izquierda que hoy detenta el poder en nuestra amada Venezuela, y así fortalecer la conciencia de cambio necesaria para recuperar la democracia.