• Caracas (Venezuela)

César Pérez Vivas

Al instante

La emergencia económica

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Venezuela vive una catástrofe económica. Es el resultado de quince años de despilfarro, robo y malversación de los ingresos petroleros. Es igualmente el fruto de un proceso de estatización de la economía, de desconocimiento de derechos fundamentales de la persona humana, como el de la libre iniciativa y el de propiedad. Es además la hiperregulación  de la vida económica, que  nos ha conducido a una caída brutal del producto interno bruto; ello combinado con el significativo decrecimiento del ingreso petrolero, y por ende de las divisas que el mismo genera, ha producido la más brutal escasez de que tengamos memoria.

La respuesta de la cúpula gobernante a sus propios desatinos en el manejo de la economía ha sido de naturaleza represiva, punitiva, policial y militar. La irresponsabilidad con que han conducido nuestras fianzas y la torpeza con la que han tratado a los agentes económicos, la han pretendido justificar con la historieta de la guerra económica, supuestamente lanzada por la oposición, "el imperio" o la "oligarquía". Su incompetencia es de tal magnitud, que ni siquiera esta guerrea imaginaria han podido ganar, y precisamente no la pueden ganar, porque sencillamente no existe.

Lo que realmente existe es una incapacidad y una inmoralidad que les impide asumir la realidad y corregir el rumbo que la han impuesto a la sociedad.

La gravedad de la crisis ha llevado al Sr. Maduro a dictar un decreto de emergencia económica. Es un paso importante admitir que tenemos una situación dramática.  Solo que la línea fundamental de dicho decreto gira en torno a la visión intervencionista, regulatoria y punitiva que ha caracterizado toda su gestión. Salvo las normas propuestas, destinadas a la desaplicación de la normativa vigente en materia de contrataciones públicas, adquisición de bienes y servicios, manejo de la administración financiera, tramites de aduanas y nacionalización de mercancías, que podrían ser objeto de acuerdo y autorización legislativa;  las  relativas a las políticas cambiarías,  de comercio, importación, abastecimiento y distribución de alimentos y otros bienes, para las cuales el gobierno busca un cheque en blanco para su manejo de forma discrecional, sería un daño mayor facultarlo para tamaña discrecionalidad.

Esta pretensión del gobierno socialista de contar con una autorización legislativa para regular a su antojo esos y otros aspectos de la vida económica, conocida la forma como se maneja este equipo de gobierno, constituye una amenaza a la  precaria salud de una economía privada ya reducida a su mínima expresión, precisamente por la forma soberbia y abusiva como la han dirigido los actuales gobernantes de la República.

El decreto de emergencia económica presentado por el gobierno,  no ofrece una ruta para lograr disciplina fiscal, ordenación del aparato gubernamental, devolución a sus propietarios de los medios de producción confiscados, expropiados, estatizados durante  la intoxicación de divisas,  que los altos precios del petróleo generaron al país durante más de una década.

La emergencia económica que el gobierno presenta, solo busca tener una vía rápida para endeudarse más, gastar más y atropellar más la escasa economía privada que le queda al país.

En esos términos nuestra Asamblea Nacional no debería aprobar dicho decreto. Tendría que existir un acuerdo entre ambos poderes para modificar su contenido, y así lograr un programa consensuado de las medidas urgentes que se requieren para evitar una hambruna en nuestro país.

Si el gobierno se empeña en mantener su política  intervencionista, dilapidadora, y punitiva nuestros representantes deben negar ese decreto, que no ofrece elementos sensatos de política económica.

Venezuela cuenta con un calificado y numeroso equipo de economistas y planificadores en capacidad de ofrecer un programa de ordenación y reactivación de la economía. Muchos de nuestros especialistas en materia de políticas públicas asesoran organismos internacionales y países,  en programas de reactivación de sus economías. Aquí no se les oye, aquí se les persigue, sataniza y somete escarnio público.

Es fundamental crear las condiciones para generar una economía productiva en Venezuela. Nuestro país cuenta con todos los elementos necesarios para producir bienes y servicios. Tenemos el talento humano, el espacio, la energía, y otros recursos para producir riqueza, generar empleo estable y en consecuencia abastecer al país.

Solo produciendo riqueza de manera constante, diversificando nuestra economía y teniendo un gobierno responsable en el manejo de las políticas fiscales, tributarias y monetarias podremos desarrollar una política social ambiciosa que nos permita superar de manera estable la pobreza.

Nuestro deseo de superar la pobreza no se logra con las políticas clientelares, politiqueras,  corruptas e ineficientes que el PSUV ha implementado durante estos años. La política social debe ir a la causa de la pobreza, no a sus resultados, y para lograr su extinción debe tener como respaldo una pujante economía productiva.

En esa tarea ha fracasado rotundamente el socialismo del siglo XXI. De esa experiencia debemos aprender los venezolanos. Solo así podemos entender y respaldar un programa serio que permita retomar la senda del progreso y el bienestar de nuestro país.