• Caracas (Venezuela)

César Pérez Vivas

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César Pérez Vivas

El desafío del cambio político (II)

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En el campo de la acción política crece la base de apoyo popular a favor del cambio. Se han presentado igualmente diversos planteamientos respecto de los recursos políticos y jurídicos disponibles para conseguir la meta de restaurar la democracia y promover una sociedad de paz, justicia y progreso.

Hay quienes proponen la solicitud de renuncia del presidente de la república como la fórmula para adelantar una consulta electoral. Piensan que miles de ciudadanos en las calles exigiendo la renuncia del jefe del gobierno forzarían su cambio inmediato.

El simple planteamiento de solicitud de renuncia a un funcionario público no tiene efectos dramáticos, ni mucho menos se puede considerar subversivo. Una movilización masiva de la población sí tiene consecuencias políticas, que no pueden dejarse de lado al momento de estudiar con realismo los valores y comportamientos de los actores políticos.

En nuestro caso, quienes detectan el poder no son personas abiertas al diálogo, ni mucho menos a oír el reclamo de un pueblo. Una solicitud de esta naturaleza el gobierno la ha considerado una declaratoria de guerra, y de tal forma han respondido. Insistir en esa ruta muestra una falta de realismo, y forzar una confrontación no resulta sano para el país, y no se inscribe en ortodoxos comportamientos democráticos.

Otros sectores de nuestra sociedad han propuesto la tesis de organizar la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, aplicando la normativa prevista en el Capítulo III del Título IX de la vigente Constitución.

Las razones que exponen para sostener esta tesis son variadas. Pero en el fondo la motivación fundamental es la utilización de una herramienta constitucional, con la cual sacar del poder a todos los actores institucionales actuales, identificados con el modelo socialista dominante. La principal motivación no es la convicción de elaborar una nueva constitución, o de promover cambios importantes al texto vigente, que sin duda las requiere. El objetivo es aplicar por esta vía el eslogan puesto en boga en otros escenarios: “Que se vayan todos”. “Que se vayan ya”.

Ciertamente que quienes ejercen la titularidad de los poderes públicos han desmerecido esas instituciones de tal manera que merecen ser relevados de sus funciones lo más temprano posible.

Promover una asamblea constituyente desde los sectores de la oposición democrática constituye una muestra de falta de realismo político total. Pareciera que no se han percatado de la forma en que han venido actuando en los últimos tiempos los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía y de la Contraloría General de la República. El régimen tiene en sus manos todas las herramientas para torpedear una iniciativa de esta naturaleza.

La historia de las asambleas constituyentes ha demostrado que todas han sido promovidas desde el poder, buscando un camino para legitimar cambios o apoderarse del poder total. Uno de sus promotores sostenía recientemente que esta era una oportunidad para promover una Constituyente “desde la ciudadanía”.

La ingenuidad en dicho planteamiento no puede ser mayor.
Mayor riesgo tenemos si esa convocatoria no es fruto de un gran acuerdo político, sobre todo con los demás sectores democráticos que luchan por la restauración del Estado de Derecho en nuestro país. Pretender forzar a las organizaciones políticas y a la sociedad organizada por una ruta, sin discutir y persuadir sobre el tema, es igualmente una muestra de graves carencias en el talante democrático. Es sentirse dueño de la verdad, y a cuenta de un apoyo importante de sectores sociales imponerle al resto de actores políticos una ruta que no se comparte. En el fondo, tal conducta en nada se diferencia de la impuesta por Hugo Chávez en 1999, con la diferencia de que, en ese momento, el comandante era el presidente recién elegido de la república.
Lo inconveniente de la tesis constituyente en este momento deriva de varias razones. La primera, es fundamental consolidar una mayoría política y electoral incontrovertible. Tal circunstancia hace indispensable convertir en fuerza orgánica el creciente descontento que el descalabro del socialismo del siglo XXI está generando en la base misma del chavismo. Segunda, es necesario contar con una base de poder institucional real, que haga posible transitar con éxito un camino como el de concentrar todo el poder en una asamblea. Tercero, teniendo muy cerca un proceso electoral establecido constitucionalmente, como lo es la elección de la Asamblea Nacional, resulta un contrasentido y una aventura dejar de lado dicho proceso para promover otro evento incierto y lleno de obstáculos. No es cierto que sea posible atender ambos procesos simultáneamente. Afirmarlo es no conocer el mecanismo de operación de las estructuras políticas, y carecer de conciencia respecto de las graves limitaciones materiales y orgánicas de la oposición venezolana.  Cuarto, ausencia de examen realista de esta herramienta para producir los cambios, en medio de una sociedad polarizada, y dividida. Para que un texto constitucional pueda tener un efecto positivo de conducción social debe ser fruto de acuerdos significativos, que una sociedad maltrecha, dividida e inoculada por el odio social y político, como la nuestra, no está, por ahora, en capacidad de producir

La ruta del cambio político es gradual, y debe comenzar por atender de manera exclusiva y prioritaria las elecciones parlamentarias del próximo año. Se están dando las condiciones para lograr una mayoría popular y una mayoría de escaños en el Parlamento. Todo ello, teniendo en cuenta las maniobras que pueda adelantar el régimen para evitar que las consecuencias de una mayoría contundente en las urnas tengan un impacto menor en la integración de la Asamblea.