• Caracas (Venezuela)

César Pérez Vivas

Al instante

La arquitectura del hostigamiento y la extorsión

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Estos días de campaña parlamentaria han sido ocasión para profundizar nuestro diálogo con diversos sectores de nuestra sociedad, muy especialmente con los del mundo del trabajo, la producción y el emprendimiento.

El drama que se vive en este campo no tiene precedentes en la memoria de los más experimentados, y se convierte en un calvario para quienes en la plenitud de su vida buscan desarrollarse dedicando su esfuerzo a una tarea productiva, generadora de riqueza y bienestar para sus familias y, por ende, para sus comunidades.

La instauración del Estado socialista y autoritario que hoy nos rige ha disparado a niveles siderales los obstáculos para poder ejercer un derecho humano esencial en toda sociedad, la libertad para que cada persona pueda dedicarse a la actividad económica de su preferencia.

Como todo derecho, no es absoluto, tiene sus límites. Límites derivados de la moral, de la salud y de otros derechos esenciales de la persona humana.

El conjunto de normas, requisitos, permisos, licencias, guías y documentos que hoy se exigen para trabajar en el comercio, la agricultura, la cría, la agroindustria y otras ramas ha crecido y se han complejizado de tal forma que todo el esfuerzo productivo de la sociedad lo está consumiendo semejante burocratización de la vida cotidiana. Esas normas exceden con creces razonables limitaciones a la libertad económica.

Se ha creado una nueva arquitectura legal y burocrática que sirve de base a todo un sofisticado sistema de hostigamiento y extorsión a los agentes económicos llamados a producir alimentos, bienes y servicios capaces de satisfacer múltiples necesidades de nuestro pueblo.

Con base en tales requisitos “legales y administrativos” ha crecido como nunca la corrupción del aparato de control y seguridad del Estado venezolano.

No es un fenómeno nuevo en nuestro país, ni en otras naciones, el de la coima, o el del pago por permitir violaciones de la compleja madeja de requisitos que los Estados y los países imponen a los particulares para poder trabajar en su territorio. Nuestra historia está llena de casos con ese perverso comportamiento.

Lo novedoso, lo que tiene desmoralizada a nuestra sociedad, es la voracidad, cotidianidad, desparpajo e impunidad con que hoy se aplica este castigo a nuestro pueblo trabajador y productivo.

Hemos llegado a una situación en la que un agricultor, un productor de cualquier clase de alimentos, un industrial, un transportista, un comerciante es sospechoso de ser un delincuente por la sola razón de su trabajo u oficio. Se está más alerta ante un productor que ante un personaje sin oficio, sospechoso de incursionar en el campo del crimen común.

Estos factores del mundo de la producción y del trabajo son el objetivo de casi toda autoridad policial o militar, encargada de “garantizar la soberanía alimentaria” de nuestro pueblo. Objetivo no para protegerlos, para garantizarle la seguridad de su persona y de sus bienes. Objetivo para ver de qué forma obtienen de ellos dinero o bienes en especie de los que su trabajo generan.

La nueva arquitectura del Estado, diseñada por el socialismo del siglo XXI, no se ha conformado con armar la compleja red de normas y procedimientos para regular, controlar, supervisar y dirigir todos los procesos productivos; sino que ha instaurado una red de funcionarios que con dichas normas en la mano hostigan hasta el agotamiento a quienes heroicamente aún tratan de desarrollar cualquier proceso productivo.

El ejército de supervisores, fiscales y funcionarios encargados de “la seguridad” usan dicha normativa para amenazar, encarcelar, extorsionar y hostigar a estos agentes del trabajo productivo. Todas esas normas desaparecen de la realidad si el trabajador accede al pago de la coima solicitada, o a entregar parte de su esfuerzo productivo.

Los puntos de control o alcabalas se han convertido en el epicentro de esta desgracia nacional. Desde estos sitios se esquilma a todo trabajador que por necesidad de su labor debe transportar el fruto de su trabajo, o cumplir con la misión de movilizar el esfuerzo de otros agentes del proceso productivo.

Se ha desnaturalizado de tal forma esta estructura de control que para cualquier persona el pase por una de estas alcabalas constituye un motivo de desconfianza y el temor a ser extorsionado en nombre de la ley.

En estos tiempos de autoritarismo han crecido exponencialmente el número de puntos de control. Hay importantes vías  y carreteras, como la autopista de los llanos José Antonio Páez, donde la proliferación de las mismas la convierte en una ruta con obstáculos. No hay coordinación de funciones y tareas, porque precisamente el objetivo no es la seguridad, sino la caza de la coima.

Nadie puede justificar que de manera consecutiva se instalen puestos de control de la Policía Nacional, estadal, municipal, de la Guardia Nacional, del Ejército, del Seniat, y de otros organismos de seguridad. Todos solicitan “la ayuda”, en el peor de los casos. En la mayoría de las ocasiones se escudriña para verificar dónde hay algún error o falla para amenazar con pasar el caso a la Fiscalía, imponer multas, retener vehículos y mercancías. Asuntos que no son tan  graves si el ciudadano decide acceder a la directa o indirecta solicitud el funcionario de turno. Pero aun estando toda la madeja de requisitos y documentos en regla, hay que dejar una “la colaboración”, porque el funcionario confiesa no ganar lo suficiente para su sostén, o porque el comando tiene alguna necesidad.

Es fundamental desmontar esta red de corrupción y hostigamiento en que se han convertido alcabalas y puntos de control. Para ello hay que desmontar esa nueva arquitectura institucional que “la revolución bolivariana” ha instaurado, y que ha devenido en el más grotesco y descarado sistema de hostigamiento y corrupción contra  quienes trabajan para ofrecernos alimentos, bienes y servicios.