• Caracas (Venezuela)

César Pérez Vivas

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César Pérez Vivas

La agenda de la próxima legislatura

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Como he señalado en anteriores entregas, la elección prevista para el segundo semestre del próximo año de la Asamblea Nacional debe constituirse en la tarea prioritaria de los sectores democráticos que luchamos por un cambio en la conducción de la vida nacional.

Junto a las tareas organizativas, estratégicas y logísticas necesarias para afrontar con éxito ese proceso electoral, es fundamental armar una propuesta de agenda legislativa realista y acorde con las disminuidas competencias que la Constitución de 1999 le da a la Asamblea Nacional.

En mis años de lucha política y de vida parlamentaria, he visto a muchos actores políticos, candidatos a cuerpos legislativos en los diversos niveles del poder público presentar programas u ofertas programáticas muy distantes de las competencias y de las posibilidades reales de la rama legislativa del poder público. Cuando tal circunstancia ocurre, se cae en la sobreoferta electoral y, por ende, en la demagogia.

Estos vicios generan confusión y desesperanza en una población, en muchos casos, poco informada de las reales posibilidades de gestión de quienes ocupan escaños en los cuerpos legislativos.

Concejales, legisladores regionales y diputados nacionales se presentan en muchos casos ofertando políticas públicas propias de las autoridades ejecutivas y en una dimensión absolutamente irreal, mucho más allá de las posibilidades de ejecutarlas. Se generan expectativas que luego, al no verse satisfechas, producen la natural decepción de quienes sufragaron por dichas propuestas.

De ahí que la propuesta de la MUD para las elecciones parlamentarias de 2015 debe ser realista y muy en el marco de las competencias constitucionalmente asignadas al Parlamento.

En ese sentido, la precampaña, próxima a iniciarse para la selección de los candidatos a presentar al electorado, como la campaña en sí, deben, además, tener un fuerte contenido pedagógico. Debemos aprovechar ambas fases del proceso para educar sobre el Parlamento, su naturaleza y sus competencias. En el marco de las mismas, debemos comprometernos a ejercer las tres funciones básicas que le están reconocidas, y que el Parlamento consagrado en el vigente texto constitucional no ha ejercido, por haberse convertido en sumiso ente sometido a la voluntad del caudillo asentado en Miraflores.

La primera y esencial tarea de todo parlamento es la de legislar. La actual AN abandonó su función legislativa al delegarla en el Ejecutivo a través de la Ley Habilitante. El compromiso con los ciudadanos deseosos de cambio debe ser muy claro y sencillo. La nueva mayoría parlamentaria no abdicará de sus competencias legislativas. Por el contrario, trabajará duramente para dictar leyes acordes al texto constitucional, y en consecuencia derogará textos abiertamente inconstitucionales dictados en los últimos años, modificará otras sancionadas de manera perversa, o dictará varias que deliberadamente la mayoría roja no ha querido aprobar.

La segunda función asignada a todo parlamento, y que debemos comprometernos a ejerce integralmente, haciendo uso de todos los mecanismos constitucionales, legales y reglamentarios disponible, es la de control político de la administración.

En efecto, el celestinaje del PSUV con el gobierno nacional ha sido de tal cuantía que abandonaron totalmente esta vital función del Poder Legislativo. Ello ha permitido a todo funcionario de la administración nacional sentirse “guapo y apoyado” para violentar principios fundamentales del orden jurídico, y sobre todo ejercer sus funciones con total discreción e impunidad. Pero lo más dramático es que tal comportamiento ha producido la más espantosa corrupción de que tenga memoria la historia contemporánea de nuestra patria.

La nueva mayoría debe comprometerse a ejercer un control permanente sobre el gobierno. A retomar las comparecencias e interpelaciones de ministros y altos funcionarios ante las comisiones y ante la plenaria. A ejercer la moción de censura para ministros maulas y corruptos, que en las actuales circunstancias son protegidos por una mayoría cómplice de sus desaguisados.

Nota especial merece la función de poder designador de otras ramas del poder público. Una mayoría democrática en la AN será la garantía de recuperar la institucionalidad perdida en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, en la Contraloría y en el Consejo Nacional Electoral.

Y, por último, comprometerse a ejercer la función de representación de los ciudadanos que tienen los parlamentarios. Un parlamento que ejerza plenamente sus funciones podrá hacer valer dicha función y poder de representación que tiene un diputado. Hoy en día esta es una función tremendamente devaluada, por la forma en que el régimen ha manejado la AN.